La seguridad en Cataluña se ha deteriorado notablemente desde que el PSOE se hizo con el control institucional de la Generalidad. Salvador Illa, exministro de Sanidad y candidato del PSC, ganó las elecciones catalanas el 14 de febrero de 2021, y desde entonces, la cifra de delincuentes multirreincidentes no ha dejado de crecer. En el primer semestre de 2024, los Mossos han detenido a 637 personas con al menos siete detenciones previas, un dato que duplica con creces el registrado en 2020. El 57,5% son de origen magrebí.
El auge de la multirreincidencia en Cataluña es una de las consecuencias más visibles de la política de seguridad impulsada por los socialistas catalanes. Desde que Salvador Illa asumió el liderazgo del PSC, el número de reincidentes con siete o más detenciones ha crecido un 145%, pasando de 260 en 2020 a 637 en 2024.
La realidad que muestran los Mossos es que el 94% de estos reincidentes son hombres con una media de 11 detenciones por persona, y que la mayoría provienen del Magreb. Las nacionalidades marroquí y argelina suman más de la mitad de los detenidos más habituales por robos, hurtos o violencia.
Barcelona: epicentro de la impunidad
La ciudad de Barcelona sigue siendo el punto caliente de la delincuencia en Cataluña. El distrito de Ciutat Vella concentra el 29,2% de las detenciones, seguido del Eixample. Las cifras oficiales reflejan lo que los vecinos vienen denunciando desde hace años: inseguridad creciente, impunidad sistemática y una política de brazos caídos frente al delito.
El perfil es claro: jóvenes extranjeros reincidentes, con edades entre los 25 y los 37 años, que viven al margen del sistema legal. A pesar de acumular hasta 50 detenciones en solo un año, ni son expulsados ni ingresan en prisión, lo que refuerza la sensación de desprotección entre los ciudadanos y alimenta la delincuencia como modo de vida.
Uno de los elementos más preocupantes es la inacción institucional y judicial ante estos datos. Mientras los Mossos documentan el aumento sostenido de la reincidencia, la Generalidad no exige cambios legislativos ni endurecimiento de las penas, ni siquiera para los reincidentes más peligrosos.