El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha movido ficha contra el magistrado Juan Carlos Peinado, instructor del caso en el que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas contra el juez a raíz de las quejas presentadas por el propio Bolaños tras declarar como testigo en abril.
Es decir, que el ministro de Justicia ha presentado una queja contra un juez. No se conformó con una única denuncia. Presentó la primera el 4 de junio y volvió a la carga el 29 de julio. En ellas acusa a Peinado de supuestas irregularidades durante su interrogatorio en Moncloa, donde le magistrado y su equipo se desplazaron para tomarle declaración.
Lo llamativo es que Bolaños amplió su ofensiva después de que el Tribunal Supremo decidiera archivar la exposición razonada que Peinado había remitido, en la que pedía investigar al ministro por presuntos delitos de malversación y falso testimonio. Un intento frustrado de Peinado por arrojar luz sobre las contradicciones del ministro, que ahora se revuelve contra el juez en un movimiento que algunos interpretan como un pulso político a la independencia judicial.
Durante el interrogatorio del pasado 16 de abril, el magistrado reprochó a Bolaños sus evasivas y le advirtió de que podría ordenar un careo para contrastar sus respuestas. El tono del encuentro quedó registrado en un audio: "No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa", inquirió el juez. El ministro replicó que le sorprendía el interrogatorio, a lo que Peinado le recordó que quizás no estaba acostumbrado a ser cuestionado a fondo.
Mientras desde el Ministerio insisten en que las quejas de Bolaños no pretendían hacerse públicas, el auto dictado el lunes por el juez —en el que imputó un delito de malversación a Begoña Gómez y la citó a declarar en septiembre— dejó constancia de que el CGPJ mantiene abiertas diligencias en su contra. El propio Peinado subrayó que, pese a lo afirmado por el Gobierno, no ha recibido notificación alguna de la decisión del Supremo de archivar su exposición razonada.
Las fuentes judiciales recuerdan que la apertura de diligencias informativas por el CGPJ es un procedimiento rutinario y no implica sanción alguna. Sin embargo, el hecho de que un ministro utilice este cauce disciplinario contra el juez que investiga a la mujer del presidente añade más presión a un caso ya cargado de aristas políticas y pone en entredicho la voluntad real del Ejecutivo de respetar la independencia de los tribunales.