Begoña Gómez vuelve este miércoles 10 de septiembre a los juzgados de Madrid para declarar como investigada por presunta malversación de caudales públicos. Un delito que se suma a la larga lista de acusaciones que pesan sobre ella y sobre los que ya ha declarado, como tráfico de influencias y corrupción. La suma total de las penas podría alcanzar una condena de hasta 23 años de cárcel.
La cita con el juez Juan Carlos Peinado, inicialmente prevista para el jueves, fue adelantada a petición de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. Junto a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarará como investigada su asesora en Moncloa, la imputada Cristina Álvarez, cuya contratación está en el centro de las pesquisas.
Será la cuarta ocasión en que acuda a los madrileños juzgados de Plaza de Castilla: dos veces estuvo en la sala de vistas pero no llegó a declarar (la primera vez alegó que no tenía traslado de una querella y la segunda se acogió a su derecho a no hacerlo), y una tercera sí declaró. En esta última vez, el 18 de diciembre de 2024, durante 35 minutos sólo respondió a las preguntas de su propio abogado para negar cualquier irregularidad en su actividad.
La investigación se ajusta ahora a determinar si la asesora de Gómez "se sobrepasó" en sus funciones públicas para favorecer el "plan delictivo" de la investigada, desviando medios públicos para servir a "intereses particulares o estrictamente privados". Según el auto del titular del Juzgado de Instrucción número 41, los indicios apuntan a que "fondos públicos fueron destinados a fines ajenos al interés general" a través de la contratación de personal en el Gabinete de Presidencia. Por ello, el magistrado ordenó a Moncloa la entrega de todos los correos electrónicos de Begoña Gómez desde 2018.
Aparte de la malversación, que acarrea penas de hasta 12 años, la mujer de Sánchez está investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Si fuera condenada por todos los delitos, se enfrentaría a una horquilla de entre 3 y 23 años de prisión, además de múltiples años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Específicamente, por malversación, la condena puede oscilar entre 2 y 12 años de cárcel y de 6 a 20 años de inhabilitación; por el delito de tráfico de influencias, las penas van de 6 meses a 2 años, junto a la inhabilitación profesional o pública; en el caso de corrupción en los negocios, puede imponerse hasta 6 años de prisión; mientras que la apropiación indebida y el intrusismo están penados con hasta 3 años y 2 años de cárcel, respectivamente. Estas penas se sumarían en un eventual fallo condenatorio. Por su parte, la defensa de Gómez alega que todos los nombramientos fueron legales y que "no existen pruebas concluyentes".