El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, teme ser embargado por el Tribunal Supremo cuando sea enviado a juicio para indemnizar al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz está procesado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra Alberto González Amador. Previsiblemente, el magistrado instructor, Ángel Hurtado, dicte auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general en los próximos días. El todavía máximo responsable del Ministerio Público se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel e inhabilitación.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "no se puede descartar que el Supremo acuerde un embargo preventivo al fiscal general del Estado cuando se dicte la apertura de juicio oral. El objetivo de esta posible decisión sería salvaguardar la indemnización en concepto responsabilidad civil o la multa que tuviera que hacer frente García Ortiz si finalmente es condenado".
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el fiscal general teme incluso que el Supremo pueda llegar a embargarle temporalmente su vivienda y está muy preocupado por ello. No obstante, el Alto Tribunal todavía tendrá que tomar su decisión al respecto y en el caso de que acuerde un embargo preventivo, fijar la cantidad final que quedaría bloqueada".
Cabe destacar que en su escrito de acusación inicial, González Amador solicitaba 300.000 euros para García Ortiz como responsabilidad civil que debería ser abonada solidariamente junto a la entonces también procesado fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. No obstante, la Sala de Apelación del Supremo decidió por unanimidad archivar el procedimiento para la fiscal jefe de Madrid y por mayoría enviar a juicio a García Ortiz por el citado delito de revelación de secretos.
El tribunal que juzgará al fiscal general estará presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta; y lo compondrán su antecesor en el cargo, Manuel Marchena; y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Carmen Lamela y Susana Polo. Arrieta, Marchena, Berdugo, Del Moral y Ferrer ya integraron el tribunal que enjuició el golpe del 1-O.
El objetivo es enjuiciar al fiscal general del Estado cuanto antes y por ello, se trabaja para celebrar la vista oral el próximo mes de noviembre. En principio, no se espera que el juicio sea largo, aunque aún debe fijarse si habrá sesiones de mañana y tarde y el número de testigos que serán citados para declarar.
Mientras tanto, García Ortiz sigue manteniendo que es bueno para el Ministerio Público que siga al frente de la Fiscalía, aunque no sea lo mejor para él. También asegura que su puesto no depende del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque se siente muy agradecido por su respaldo. Defiende que permanecer en su puesto significa que una "mentira" no puede tumbar al fiscal general del Estado. Además, subraya que no está sometido a ningún poder.
Por último, no se plantea dimitir en ningún escenario, lo que significa que podría sentarse en el banquillo de los acusados siendo fiscal general del Estado. Asegura creer en la verdad, en el Estado de Derecho y en la imparcialidad de los tribunales.
Cree en la "justicia" y en la "verdad"
El pasado viernes, al comienzo de su intervención durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo justificaba de esta forma su presencia, a pesar de su procesamiento por revelación de secretos: "Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal".
"Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse, y solo haré una mención al respecto en este discurso: Si estoy aquí como Fiscal General del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad. Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española, al trabajo de todos los fiscales", concluía.
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