El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría ser investigado por un delito de provocación de desórdenes públicos tras alentar el boicot a Israel en la Vuelta ciclista a España. Los incidentes se saldaron con 22 policías heridos y dos manifestantes detenidos.
En un acto electoral en Málaga horas antes del comienzo de la última etapa de la Vuelta, Sánchez manifestaba su "admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina". El presidente del Gobierno afirmaba que "la oposición ante la barbarie de Gaza no dice nada" y aseguraba que "tienen menos ideas que educación, pero en este contexto tan complejo en lo internacional España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos". Finalmente, mostraba su "orgullo de ver un país tan plural como el nuestro, tan diverso en lo territorial, pero que sin embargo nos ponemos todos de acuerdo en una causa justa como son los derechos humanos, así que viva los derechos humanos y viva al pueblo español".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que "las declaraciones de Pedro Sánchez tendrían que analizarse judicialmente porque podrían tener un reproche penal. Concretamente, las palabras del presidente del Gobierno podrían constituir la comisión de un presunto delito de provocación de desórdenes públicos, al haber alentado las protestas".
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la Unión Ciclista Internacional (UCI) podría presentar una querella contra Sánchez en el Tribunal Supremo solicitando que se abra una investigación. También podrían querellarse los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que resultaron heridos en los altercados registrados en Madrid este domingo".
Recordamos que el derribo de vallas por parte de los manifestantes que protestaban por la participación de un equipo de Israel en la competición comenzó en la Plaza de Callao y continuó en Atocha, el extremo sur del circuito que debían completar los corredores por el centro de la capital. El circuito se fue modificando sobre la marcha hasta quedar reducido a un paseo entre las plazas de Neptuno y Colón. Se tuvo que suspender el esprint final, así como la ceremonia de podio en Cibeles. Los manifestantes no abandonaron la zona y la Policía tuvo que hacer algunas cargas y disparar pelotas de goma.
El delito de desórdenes públicos
El artículo 557 del Código Penal hace referencia al delito de desórdenes públicos y señala que "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: a) Sobre las personas o las cosas; u b) obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o c) invadiendo instalaciones o edificios alterando gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales en esos lugares".
"Los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años. Las penas de los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior a los intervinientes que portaran instrumentos peligrosos o a los que llevaran a cabo actos de pillaje", añade.
El apartado 4 del artículo 557 recoge el presunto delito que habría cometido Sánchez: "La provocación, la conspiración y la proposición para las conductas previstas en los apartados 2 y 3 del presente artículo serán castigadas con las penas inferiores en uno o dos grados a las respectivamente previstas".
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