El inesperado precio por el que la Audiencia Nacional subastará el Ferrari de Víctor de Aldama

La Audiencia Nacional ha autorizado la subasta de varios vehículos de lujo incautados al empresario Víctor de Aldama, una de las figuras centrales del conocido como caso Koldo. Entre los bienes embargados destaca un Ferrari Portofino, cuyo valor de mercado ronda los 300.000 euros. Sin embargo, su precio de salida en la subasta ha sido fijado en apenas 24.890 euros.

Según fuentes judiciales, el motivo principal detrás de esta notable rebaja es evitar que el vehículo pierda aún más valor mientras permanece en depósito. El Ministerio de la Presidencia, dirigido por Félix Bolaños, fue quien propuso esta medida, justificándola por los costes que implica el mantenimiento de estos coches de alta gama y el riesgo de depreciación.

La Audiencia Nacional aceptó este planteamiento, avalando que una venta temprana serviría para conservar el mayor valor posible de los activos incautados y prevenir que el Estado asuma gastos innecesarios mientras se resuelve el proceso judicial.

La presunción de inocencia

Uno de los puntos sensibles de esta decisión es si afecta o no a los derechos del investigado. En este sentido, la Audiencia Nacional ha recalcado que la venta del Ferrari no supone una vulneración de la presunción de inocencia de Víctor de Aldama. Según el tribunal, si finalmente resultara absuelto, el empresario tendría derecho a reclamar el valor correspondiente del bien vendido.

La medida se enmarca en las recomendaciones de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), organismo dependiente del Ministerio de Justicia. Esta oficina aboga por la venta anticipada de bienes incautados en causas judiciales de especial relevancia, con el objetivo de garantizar que se pueda hacer frente a posibles y futuras responsabilidades civiles.

El Ferrari no es el único coche que será puesto a la venta. En total, se subastarán trece vehículos relacionados con Aldama, incluyendo un Jaguar y varios modelos de Land Rover. La valoración conjunta de todos estos automóviles asciende a unos 635.700 euros. La decisión de liquidarlos antes de la resolución judicial busca evitar su deterioro y "maximizar la recuperación económica en caso de condena".