La Fiscalía Anticorrupción ha protagonizado un escándalo en pleno juicio sobre la trama Púnica en la Audiencia Nacional. La fiscal Carmen García Cerdá decidía desmarcarse de las directrices fijadas por su jefe Alejandro Luzón y acusar en la causa también por un delito de malversación, siguiendo el criterio del PSOE y de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personados como acusación popular.
Libertad Digital publica la sesión del juicio que se celebró el miércoles pasado. En la grabación, la fiscal García Cerdá discute con su compañera María Teresa Gálvez durante la exposición de las conclusiones definitivas sobre el supuesto amaño de contratos públicos a favor de la compañía energética Cofely, vinculada al empresario David Marjaliza, en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y en Almendralejo (Badajoz).
La fiscal García Cerdá inicia su intervención en el juicio: "Me lo he pensado mucho. He pensado mucho si hacer lo que voy a hacer, dar el paso que voy a dar. Hay momentos que he pensado que no, hay momentos que he pensado que sí. Y finalmente he pensado que sí".
"Y voy a utilizar este artículo 25 (Estatuto fiscal) porque yo considero que todos los Ayuntamientos donde la acusación popular ha visto fraude, este ministerio fiscal también lo ve. Y también porque este ministerio fiscal ve delito de malversación", añade. Dicho artículo establece que "el fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes, pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia".
La fiscal Gálvez exige entonces a García Cerdá que deje claro en su intervención que la tesis que defiende es personal y que no es la postura acordada por la Fiscalía Anticorrupción. La tensión va en aumento y mientras Gálvez niega la cabeza en numerosas ocasiones y se empieza a abanicar, la presidenta del tribunal acaba interviniendo para intentar poner paz entre ambas fiscales: "Son cuestiones internas que deben debatirse en Fiscalía".
Cabe destacar que en Anticorrupción surgieron discrepancias internas sobre la acusación de delitos que se debía llevar a cabo en este juicio sobre la trama Púnica. García Cerdá defendía la imputación de un delito de malversación y su compañera Gálvez apostaba por retirarla. Tras consultarlo con la cúpula de Anticorrupción, se decidió retirar la acusación por malversación, pero García Cerdá no se resignó.
Multada por desobedecer a Luzón en el caso Montoro
Cabe destacar que ésta no es la única polémica protagonizada en los últimos tiempos por la fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá. El Tribunal Supremo confirmaba en julio la sanción de 1.000 euros impuesta a la fiscal por desobedecer las órdenes del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el procedimiento abierto contra el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro. Según relata el Supremo, el asunto se remonta a enero de 2022, cuando Luzón indicó a la fiscal que, "a la vista del estado de tramitación y de las discrepancias ya surgidas" en relación a estas pesquisas, en lo sucesivo debía someter cualquier decisión al "previo visado" del 'número dos' de Anticorrupción, Antonio Romeral.
El choque se produjo a raíz de un escrito de abril de 2023 donde la fiscal García Cerdá pidió que le autorizaran una serie de diligencias en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona. En concreto, pedía que se identificara a los titulares de una serie de cuentas de correo electrónico y se copiara su contenido. Romeral denegó el permiso, pese a lo cual García Cerdá insistió varias veces, recibiendo la misma respuesta. En un momento dado, elevó el asunto a Luzón, que, "con extenso razonamiento" respaldó al teniente fiscal. Tras ello, García Cerdá avanzó que elevaría el asunto a la junta de fiscales de Anticorrupción, que se reunió el 26 de septiembre de ese año para avalar, por 18 votos contra 5, el criterio de Luzón y Romeral. Sin embargo, desde los Mossos d'Esquadra avisaron a Anticorrupción de que habían recibido una llamada telefónica de la fiscal en la que pedía interesar al juzgado "mediante escrito policial" esa misma diligencia respecto a los 'emails.
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