El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acusado al "aparato institucional" de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de filtrar el "núcleo esencial" del caso sobre su novio Alberto González Amador.
García Ortiz ha presentado su escrito de defensa de cara al juicio que se celebrará en su contra en el Tribunal Supremo previsiblemente en noviembre por una presunta revelación de secretos tras la filtración contra el citado González Amador.
La Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz en la causa, recalca que al contenido clave de la supuesta filtración tuvieron acceso unas 600 personas e insiste en que no hay delito porque lo único que hizo fue reaccionar, "en el legítimo ejercicio de sus competencias", "para evitar el perjuicio para la imagen y el prestigio de la Fiscalía y de los miembros del Ministerio Fiscal cuya honradez y profesionalidad se habían comprometido por una campaña de desinformación".
La defensa rechaza el relato del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que se muestra convencido de que, la noche del 13 de marzo de 2024, García Ortiz filtró a la SER --que informó a las 23:23-- el correo electrónico que la defensa de González Amador envió el 2 de febrero de ese año a Fiscalía ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales por los que estaba investigado a cambio de un pacto.
La Abogacía realiza un relato cronológico --desde el 23 de enero de 2024, cuando Fiscalía comenzó a investigar a González Amador, hasta el 14 de marzo de ese año, cuando difundió la nota de prensa con el intercambio de 'emails' entre el abogado del empresario y el fiscal Julián Salto--, que a su juicio evidencia que "no existe ninguna conexión lógica" entre la publicación del citado 'email' en la SER y García Ortiz.
La defensa expone que fue la información publicada por 'eldiario.es' el 12 de marzo de 2024, y que sus periodistas tenían desde el día 6 --conforme declararon--, sobre la existencia de una investigación contra González Amador, lo que dio lugar a "una operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid para contrarrestar la repercusión política negativa de la noticia".
Para ello, describe, se construyó "un relato alternativo en el que se presentaba a González Amador como la víctima de una operación política llevada a cabo desde el Gobierno, con la ilícita complicidad de la Agencia Tributaria (AEAT) y de la Fiscalía, para desacreditar a la presidenta de la Comunidad de Madrid".
La Abogacía sitúa el foco en las acciones llevadas a cabo por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, "al menos desde las 19:00" del 13 de marzo de 2024, cuando envió a "un número no determinado de periodistas" por WhatsApp una serie de mensajes donde "se trasladó intencionadamente dos informaciones que no se correspondían en absoluto con la realidad: que la propuesta de conformidad había partido del Ministerio Fiscal y que al fiscal encargado del asunto se le prohibió alcanzar un acuerdo".
Y subraya que, "además de hacer circular entre los periodistas su versión tergiversada de los hechos", "en hora no determinada del 13 de marzo de 2024", puso en contacto a González Amador con un periodista de 'El Mundo', asegurando que "fruto de la conversación que ambos mantuvieron, y de la documentación que se le hizo llegar", ese periódico publicó esa "información tergiversada".
La defensa de García Ortiz entiende que fue "la estrategia de comunicación puesta en marcha por la Comunidad de Madrid" lo que "desencadenó dos procesos independientes pero que se desarrollaron de forma paralela en el tiempo", concluyendo con la publicación de una información que González Amador denunció como revelación de secretos.
Sobre el borrado de sus móviles
Alude asimismo a lo que Hurtado considera un indicio contra García Ortiz: el borrado de su móvil y de su cuenta personal de Gmail. La Abogacía reitera que el primero lo venía haciendo con "regularidad" por seguridad y atribuye el segundo y el cambio de teléfono a que se hicieron públicos y empezó a recibir mensajes "hostiles".
Además, rechaza perjuicio alguno a González Amador, resaltando que, "con posterioridad a la difusión de los correos electrónicos relativos a las negociaciones de conformidad", esta posibilidad "todavía sigue abierta". Respecto a la prueba de cara al juicio, propone las testificales de González Amador y Rodríguez, entre otros, y rechaza la del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que pide una acusación popular.
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