El Gobierno se sigue aferrando al aborto para tratar de marcar la agenda política. Después de unas semanas dominando esta cuestión con Gaza y la flotilla, una nueva ventana de oportunidad se le abrió después de que el PP apoyara una iniciativa de Vox en el Ayuntamiento de Madrid para facilitar información "obligatoria" en los centros municipales sobre lo que llaman "síndrome post aborto", un término sobre el que el propio alcalde matizó que carece de respaldo científico.
Así, el pasado viernes, el presidente del Gobierno lanzó un brindis al sol cuando propuso incluir el derecho al aborto en la Constitución. En este punto cabe recordar que el Ejecutivo ha incumplido por tercer año consecutivo el mandato constitucional de presentar unos Presupuestos dentro de los plazos previstos y las cuentas públicas permanecen prorrogadas desde 2023.
Esta nueva cortina de humo duró apenas unas horas pues ese mismo viernes se hizo público un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detectó "desembolsos" de 95.437 euros del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que provendrían de "ingresos no declarados". El informe de la UCO destaca que tanto Ábalos como su asesor, Koldo García, recurrieron a una dinámica continua de operaciones con dinero en efectivo, que en distintas ocasiones era canalizado a través de la sede del Partido Socialista, en Ferraz.
Ahora, inmersos en esta nueva entrega del escándalo, que podría apuntar a una presunta financiación irregular del partido, Pedro Sánchez ha enviado una carta a los presidentes autonómicos de Aragón, Asturias, Islas Baleares y Madrid en la que les insta a crear y regular el Registro de Personas Objetoras y cumplir así el mandato establecido en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
"Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", traslada el presidente del Gobierno, que da un plazo de tres meses a estas regiones para crear ese registro, momento a partir del cual, advierten desde el Gobierno, si no lo han hecho "se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento".
Por esto fue preguntada después la jefa del Ejecutivo madrileño. "Me tomaré con tiempo la respuesta para que sea certera", afirmó sobre la contestación a Sánchez. "Pero yo he defendido siempre lo mismo, que en España no se persiga ni se señale a nadie por abortar o por no hacerlo y que tampoco se persiga ni se señale a nadie por practicar un aborto o no querer practicarlo como profesional de la salud", añadió Isabel Díaz Ayuso que lamentó los "106.000 abortos" que se practicaron en España en 2024. "Es una enorme tristeza y un fracaso como sociedad".
Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid trasladan a Libertad Digital que en la región se practicaron en 2024 un total de 20.883 abortos, una cifra ligeramente superior a la de 2023, que fue de 20.482. De ellos, casi 3.000 mujeres provenían de otras comunidades autónomas. "Vamos a cumplir la ley" pero "no vamos a permitir que se señale a nadie por hacerlo o por no hacerlo", indicaron el pasado viernes desde la Consejería en un encuentro con la prensa, donde aseguraron que "el registro (de objetores) está abierto".
Desde el departamento dirigido por Fátima Matute pusieron además el foco en una realidad: en Ceuta y Melilla, únicos territorios donde las competencias en sanidad no están transferidas y por tanto dependen del Ministerio de Mónica García, las mujeres no pueden abortar en el sistema público de salud al estar la objeción de conciencia del personal médico muy extendida. Así, las mujeres que busquen interrumpir su embarazo deben desplazarse a centros clínicos de la Península, ya que ningún hospital ni centro sanitario público o privado de las dos ciudades autónomas ofrece el procedimiento.
A diferencia de las demás comunidades autónomas, donde la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada, en Ceuta y Melilla estos recursos no están disponibles. De acuerdo con la información de quieroabortar.org, los traslados a la Península suelen derivar a las mujeres hasta Andalucía, donde se realiza el procedimiento en clínicas acreditadas de Algeciras, Málaga, Almería, Granada, Huelva o Sevilla. Y es que sendas ciudades autónomas son los únicos territorios sin recursos locales tanto por métodos farmacológicos como instrumentales.