Nueva sentencia por discriminación lingüística. Esta vez ha sido el Ayuntamiento de Vich, en la provincia de Barcelona, la administración condenada por los tribunales de justicia. El consistorio elevó los requisitos lingüísticos para acceder a una plaza de peón en el cementerio municipal en lo que según el titular del juzgado Contencioso Administrativo número 15 de Barcelona constituye una "barrera excluyente" y una "discriminación directa por razón de lengua".
El fallo decreta nulas las bases del concurso público para acceder al puesto de peón en el cementerio que incluían la exigencia de un nivel intermedio (B1) de catalán para lograr la plaza. También ordena que el consistorio se limite a exigir un nivel A2, el básico, sólo un escalón por encima del considerado nivel "inicial" y que indica que se entienden instrucciones en un lenguaje elemental.
Según ha avanzado El Mundo, la sentencia señala que "la elevación del requisito al nivel B2, aplicada de forma indiscriminada y no conectada con las funciones (del puesto de trabajo ofrecido), genera una barrera de acceso con efecto excluyente para quienes no acrediten ese nivel" y "constituye una discriminación directa pro razón de lengua".
Requisitos legales
El juez destaca que el decreto 161/2002 sobre la acreditación del conocimiento del catalán en los procesos de selección de personal de las administraciones públicas de Cataluña establece que se debe acreditar el conocimiento del catalán "en el grado adecuado a las funciones de las plazas de que se trate". En la sentencia se explica que el puesto de trabajo es manual y "sin exigencias propias de interacción lingüística compleja".
Tras las denuncias de la entidad Convivencia Cívica fueron varios los ayuntamientos catalanes que modificaron las bases de acceso a puestos de operarios de mantenimiento en los que se exigía el nivel intermedio, considero excesivo para los trabajadores entre cuyas funciones no está la atención al público. Fueron los casos de San Andrés de Llavaneras, Rosas y La Roca del Vallés, el pueblo del que fue alcalde Salvador Illa y que ahora gobierna Junts.
Albert Castells, el alcalde de Vich, del partido de Puigdemont, ha asegurado en declaraciones a la emisora Rac 1, del grupo Godó, que la decisión judicial es un nuevo ataque contra los catalanes y Cataluña y que "no nos dejaremos intimidar". De momento, tiene que abonar las costas, 1.000 euros, que no saldrán del bolsillo del alcalde sino de las arcas públicas.