El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá la última palabra para expulsar al dimitido fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz de la Fiscalía.
El Consejo de Ministros aprobaba este martes la elección de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. García Ortiz presentó su dimisión este lunes después de conocer el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo, que lo inhabilitaba en el cargo por dos años, lo obligaba a pagar una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso y víctima de la revelación de secretos que urdió el ya ex fiscal general del Estado.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "el Ejecutivo socialista tendrá en sus manos la decisión de expulsar o no a Álvaro García Ortiz de la Carrera Fiscal tras ser condenado a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general".
El artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que "la condición de Fiscal se pierde con una "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos". Además, añade que la integración activa en el Ministerio Fiscal cesa también en virtud de jubilación forzosa o voluntaria, que se acordará por el Gobierno en los mismos casos y condiciones que se señalan en la Ley Orgánica del Poder Judicial para los Jueces y Magistrados".
Por su parte, el artículo 67 del mismo Estatuto Fiscal recoge que para imponer la separación del servicio, será competente "el ministro de Justicia, a propuesta del fiscal general del Estado, previo informe favorable del Consejo Fiscal".
En este mismo sentido, el artículo 34 del Reglamento de la Fiscalía destaca que "la separación del servicio será acordada, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, y en este reglamento, por la persona titular del Ministerio de Justicia a propuesta de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, previo informe favorable del Consejo Fiscal, mediante la instrucción del correspondiente expediente disciplinario.
La expulsión de la Carrera Fiscal
Tal y como publicó LD, la condena a inhabilitación de García Ortiz conllevaría la expulsión de la Carrera Fiscal. Una vez se conozca la sentencia completa, se considerará firme y la Inspección del Ministerio Fiscal que dirige María Antonia Sanz Gaite, fiscal de máxima confianza de García Ortiz, deberá abrir un expediente interno al fiscal general y expulsarlo, tal y como sucedió con el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
El artículo 32.1.d del Reglamento del Ministerio Fiscal establece como causa de pérdida de la condición de fiscal una "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso, sin perjuicio de la facultad que concede el artículo 44.2.º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a la persona titular de la Fiscalía General del Estado para sustituir la pérdida de condición de fiscal por la sanción de suspensión en los casos en que la pena no fuera superior a 6 meses.
Mientras que el artículo 35 del mismo Reglamento añade que "la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público determinará la pérdida de la condición de fiscal una vez que la sentencia condenatoria sea firme, con el alcance que en la misma se establezca".
Por su parte, el artículo 44.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) señala que "están incapacitados para el ejercicio de funciones fiscales los que hayan sido condenados por delito doloso, mientras no hayan obtenido rehabilitación. En los casos en que la pena no fuera superior a seis meses, el Fiscal General del Estado, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de Fiscal por la sanción de suspensión de hasta tres años". García Ortiz ha sido condenado a 2 años de inhabilitación.
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