La UDEF detiene al dueño de Plus Ultra y a su director ejecutivo

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.