El caso Leire Díez salpica a varios Ministerios: la UCO registra Hacienda, Transición Ecológica y Correos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este viernes a la sede nacional de Correos y a diferentes sedes dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica con el objetivo de solicitar documentación relativa a la causa por la que actualmente se encuentra detenida la exmilitante del Partido Socialista Leire Díez.

La causa investiga el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) bajo la dirección de Vicente Fernández, que fue designado presidente de la institución por María Jesús Montero. En el marco de esta causa, también fue detenido el empresario socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Antxón Alonso.

Según ha podido confirmar Libertad Digital, la Guardia Civil ha solicitado en el Ministerio de Transición Ecológica documentación y desde la sede ministerial han colaborado con los agentes. De igual manera, los agentes de la Guardia Civil han requerido expedientes a Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y el Tribunal de Recursos Contractuales.

Los tres detenidos en la causa tendrán que declarar este sábado a partir de las 10:00 horas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. Este decidirá si se les envía a prisión provisional o si se les deja en libertad.

Estos registros se unen a los que este jueves realizó la UCO, entre ellos, en la sede de Forestalia, empresa zaragozana a la que se encuentra vinculada la empresa familiar de Susana Sumelzo, una de las colaboradoras más cercanas de Pedro Sánchez. Además, la Guardia Civil accedió a la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) y Mercasa; ambas dependientes de la SEPI.

La investigación forma parte de una causa con secreto de sumario instruida en la Audiencia Nacional, pero, aunque no se encuentre enmarcada en el caso Koldo, la organización para cobrar supuestas mordidas estaría presuntamente vinculada a Servinabar, la empresa que Antxón Alonso y Cerdán usaban para cobrar comisiones ilegales.