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Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández usaban sus "influencias" en Ministerios de Sánchez para cobrar mordidas

Según ha podido saber LD, "las comisiones ilegales obtenidas no se pueden explicar si no estuvieran respaldados por personas importantes".

Según ha podido saber LD, "las comisiones ilegales obtenidas no se pueden explicar si no estuvieran respaldados por personas importantes".
Cerdán y Montero junto al presidente Pedro Sánchez. | LD/Agencias

La fontanera del PSOE Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, aprovechaban sus "influencias" en los Ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez para cobrar comisiones ilegales.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, dejaba este sábado en libertad con medidas cautelares a los tres investigados por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Todo ello, después de que la única acusación, la Fiscalía Anticorrupción, no solicitara su ingreso en prisión provisional. El magistrado les imponía la retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias en el juzgado.

Según ha podido saber Libertad Digital, "Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández usaban sus influencias en los Ministerios de Hacienda de María Jesús Montero o de Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera para conseguir mordidas a través de la concesión de adjudicaciones o subvenciones públicas. Dicha influencia habría servido para amañar al menos cinco contratos que los investigadores cifran en un total de 132.955.664 euros. En esta trama delictiva que se investiga, habría jugado un papel clave el ya ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán".

"Las comisiones ilegales obtenidas por los tres no se pueden explicar si no estuvieran respaldados por personas muy importantes de la Administración del Estado. En principio, la investigación se centra en dichos contratos, aunque no se descartan otras ramificaciones del caso. Esta trama de corrupción llevaría operativa varios años, posiblemente comenzó su actividad tras la pandemia del covid-19 del año 2020", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "los tres investigados, a pesar de provenir de orígenes muy distintos, integraban un grupo de Whatsapp llamado Hirurok (que significa en euskera los tres juntos) en el que trataban y negociaban las comisiones ilegales y los porcentajes de beneficio que obtendrían tras conseguir determinados contratos públicos".

"Los investigadores se han quedado muy satisfechos tras la documentación conseguida en los diversos registros y requerimientos efectuados esta semana", apuntan. Recordamos que la UCO registró la sede central de la SEPI en Madrid, y otras empresas dependientes de la propia SEPI como ENUSA (Empresa Nacional de Uranio, donde trabajó Leire Díez como responsable de comunicación entre 2018-2021), Mercasa, Sepides o Cofivacasa. Los agentes también entraban en otros mercantiles como Forestalia, Correos o en os Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.

Tal y como desveló este diario, la denominada ‘operación Leire’ se iba a efectuar este jueves, pero el presidente de la SEPI detectó a varios efectivos de la Guardia Civil que le hacían seguimiento desde un coche. Ante la posibilidad de que los investigados destruyeran pruebas, la UCO adelantó la operación el miércoles arrestando en primer lugar a Leire Díez y a Vicente Fernández. Posteriormente, como avanzó también en exclusiva LD, la UCO arrestaba a Antxon Alonso.

Sólo contesta al juez el expresidente de la SEPI

Tras pasar a disposición judicial este sábado, ni Leire Díez ni Antxon Alonso declaraban ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. Antonio Piña. Sólo comparecía el expresidente de la SEPI que negaba los hechos por los que se le investiga. De igual manera Vicente Fernández era preguntado por Servinabar, la empresa utilizada para canalizar supuestamente comisiones ilegales, y este reconocía que sí que trabajó allí pero negaba la comisión de cualquier delito.

Por su parte, Díez y Alonso se negaban a declarar alegando que al estar la causa bajo secreto de sumario, no sabían exactamente qué hechos se les imputaban. Además, afirmaban que no habían tenido tiempo de preparar la defensa, al no tener ocasión de hablar a solas. Díez planteaba supuestamente declarar una vez conozca la causa. Precisamente, la fontanera del PSOE estaría anímicamente muy afectada tras haber dormido tres noches en los calabozos de la Guardia Civil.

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