El Promotor de la Acción Disciplinaria del Ministerio Fiscal ha recibido este jueves un denuncia contra el ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz solicitando que se le suspenda definitivamente de la carrera fiscal.
Esta semana el Tribunal Supremo dictaba la sentencia que condenaba a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso al pago de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años. También era condenado al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular y a indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales en concepto de responsabilidad civil.
En la denuncia presentada por un particular ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Ministerio Fiscal, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el firmante pide que se adopten "actuaciones inmediatas" para que "se declare y ejecute la pérdida de la condición de fiscal de D. Álvaro García Ortiz" por haber sido condenado por el Tribunal Supremo. El escrito destaca la firmeza de la sentencia dictada por el Alto Tribunal y subraya el hecho de que, incluso en los dos votos particulares, se reconoce el deber de confidencialidad que tiene el fiscal.
Asimismo, revela que el cese "a petición propia" de García Ortiz aprobado en Consejo de Ministros no es más que una forma de mantener su condición de fiscal. "El cese por Real Decreto comporta, en términos estatutarios, el fin del desempeño del cargo y la finalización de esa situación, pero no produce por sí mismo la separación del Cuerpo ni la expulsión de la carrera fiscal", asevera el texto analizado por LD.
Sin embargo, la denuncia afirma que, en cuanto a la norma recogida en el Reglamento del Ministerio Fiscal, un fiscal que es condenado con una pena principal o accesoria de inhabilitación para un cargo público o condena por un delito doloso pierde de facto la condición de fiscal.
Sólo existe una excepción para que no se pierda la citada condición: la eventual sustitución por suspensión solo en penas no superiores a seis meses. Al ser la pena aplicada a García Ortiz de dos años de inhabilitación, este no tendría –según la denuncia— más remedio que renunciar a formar parte de la carrera fiscal. Así, el texto asegura que la sustitución de la suspensión es "jurídicamente inaplicable" en el presente caso.
Además, la denuncia explica la necesidad de tomar medidas inmediatas como esta para reparar la credibilidad del Ministerio Público, claramente erosionada por el proceso judicial en el que ha acabado condenado el primer fiscal general del Estado de la democracia que se ha sentado en el banquillo de los imputados. Una erosión que la propia sucesora de García Ortiz, Teresa Peramato, ha reconocido durante su discurso de toma de posesión de este juev3s, pronunciado ante el propio García Ortiz.
También pide una suspensión cautelar
Por ello, la denuncia pide que se le retire la condición de fiscal y que, además, se lleve a cabo una suspensión cautelar como fiscal mientras se resuelve la situación con el objetivo de que García Ortiz no pueda ejercer como fiscal durante el estudio del caso por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria.
Fuentes consultadas por este diario han revelado que García Ortiz quiere tomarse con calma su vuelta a la carrera fiscal porque "necesita tiempo para pensar" después del desgaste producido a causa de su situación procesal.
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