El Parlamento Europeo ha sido el escenario del primer paso para la creación de una directiva de la Unión Europea que reconozca como profesiones de riesgo a policías, guardias civiles y otros colectivos de seguridad. La iniciativa, impulsada por el PP europeo (PPE), con el apoyo de los sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil, busca establecer un marco común de protección laboral en toda la UE y corregir las profundas desigualdades existentes.
Uno de los paradigmas de la desigualdad es España. Mientras que los efectivos de cuerpos policiales como Ertzaintza, Mossos d'Esquadra o Policía Foral de Navarra están reconocidos como profesionales de riesgo, el Gobierno central mantiene fuera de esta consideración a los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardias civiles). Un hecho que tiene consecuencias, por ejemplo, en la edad de jubilación y la cuantía de la pensión.
La propuesta ha sido presentada en Bruselas en un encuentro entre el PP, que ha contado con la representación de Cuca Gamarra, Dolors Montserrat o Juan Ignacio Zoido, y los miembros de la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación, compuesta por tres sindicatos policiales (SPP, SUP y UFP) y nueve asociaciones de la Guardia Civil (UO, AUGC, AEGC, ASES-GC, APC, AIGC, APRO-GC, IGC y Unión GC). También han estado presentes JUPOL y JUCIL.
La directiva plantea reconocer oficialmente como profesiones de riesgo a policías, guardias civiles, militares, funcionarios de prisiones y agentes de aduanas y fronteras. El objetivo es garantizar un suelo común de derechos laborales en toda la Unión Europea, incluyendo protección social específica, condiciones de trabajo adaptadas a la peligrosidad del servicio y un reconocimiento jurídico acorde a los riesgos reales que asumen.
Desde el PPE se subraya que estos colectivos afrontan amenazas crecientes derivadas del terrorismo, el crimen organizado y las nuevas amenazas híbridas. Los agentes se han convertido en objetivos directos de agresiones, lo que hace imprescindible, según el texto, "una respuesta europea que proteja su integridad física, su salud mental y su seguridad jurídica frente a un escenario cada vez más hostil".
Entre las medidas incluidas figuran compensaciones económicas por riesgo, reducción de la edad de jubilación sin pérdida de derechos de pensión y adaptación de la jornada laboral. La directiva también contempla asistencia médica y psicológica especializada, extensiva a las familias, así como programas específicos de prevención de riesgos laborales y formación continua adaptada a la realidad operativa.
La propuesta refuerza además la obligación de las autoridades públicas de garantizar condiciones de trabajo seguras y dignas, así como asistencia legal gratuita en caso de agresiones sufridas en acto de servicio. También se prevé recopilar datos periódicos sobre ataques y accidentes laborales, con informes regulares a la Comisión Europea para evaluar el cumplimiento de la norma.