Ya está certificado el acercamiento de Santos Cerdán y su socio en la sociedad de la trama Servinabar, Antxon Alonso, al PNV. Y ahora la UCO busca encuentros o contactos similares con el entorno de Bildu. Desde Arnaldo Otegi hasta el propio Pedro Sánchez han saltado como resortes en el momento en el que se mencionado la posibilidad de un encuentro en un caserío antes de la moción de censura. Y es que eso supone la confirmación de que se negociaron con Bildu condiciones previas al apoyo de los proetarras a la formación del gobierno del PSOE en junio de 2018. Sin embargo, y pese lo execrable de ese acercamiento y negociación desde el punto de vista moral o político, lo cierto es que ese encuentro no habría violado la ley, por lo que resulta llamativa la reacción de la cúpula del Gobierno y Bildu. Esa reacción cobra más sentido si el temor es que se conozcan determinadas condiciones impuestas parecidas a las del PNV: cargos en áreas de gasto o concesiones de contratos u obras públicas.
Otegi no ha negado en ningún momento la cercanía al socio de Cerdán, Antxon Alonso. Y eso debería llevar a considerar más que posible algún encuentro entre el líder de Bildu o su equipo con el hombre clave en la principal empresa de la trama de obras públicas, Servinabar.
La UCO quiere saber si hubo encuentros clave a efectos de la trama y de la concesión de obras públicas. Y quiere saber las fechas, porque, en caso de ser anteriores a la propia sentencia del caso Gürtel -que se conoció una semana antes de la moción de censura de Pedro Sánchez- podría indicar incluso una connivencia previa a ese fallo judicial decisivo.
Hay que recordar que Santos Cerdán fue clave en el logro de los apoyos separatistas y proetarras a Pedro Sánchez en la moción de censura que lo aupó a la Moncloa. Uno de esos apoyos fue el del PNV. Pero otro fue Bildu.
Ya se ha certificado la negociación de Cerdán con el PNV y que incluyó una petición de los separatistas de cargos relacionados con permisos medioambientales para las obras y dos entidades pagadoras de obras y fondos (Transición Ecológica, Adif y SEPI).
De hecho, un cargo decisivo en el reparto de las obras públicas de lo que ya se denomina como trama del 2% por el presunto cobro de comisiones ilegales salió de esos pactos, tal y como ha probado la UCO. Se trata de Javier Herrero, el director de Carreteras que ha aparecido ya en el resto de informes de la UCO y que está imputado por su papel en determinadas obras sospechosas.
La UCO señala lo siguiente en uno de sus últimos informes: "Atendiendo al encabezado, al título del documento y al contenido del mismo [el documento denominado "Peticiones nombramientos PNV"], se aprecia que por parte de la formación política vasca PNV se le habría solicitado a Santos el nombramiento de tres cargos públicos, con motivo de la formación de Gobierno que se estaba llevando a cabo tras la moción de censura celebrada en 2018".
Entre esos tres no aparece Javier Herrero, pero las posteriores negociaciones acabaron mencionando su nombramiento.
"De estos cargos, resulta preciso destacar la propuesta de mantener a "Javier Cachón en la "Dirección de Evaluación Ambiental' del Ministerio de Medio Ambiente puesto que éste habría sido el encargado de firmar la Declaración de Impacto Ambiental favorable para "Mina Muga" el 31 de mayo de 2019". Y en esa concesión ya aparece la sociedad Servinabar de la trama, de la que Cerdán es propietario al 45%.
"El 16 de junio de 2018 Santos le preguntó a Koldo si todo iba bien, ya que "se han hecho varios nombramientos como no podamos meter alguno, nada será posible", destaca la UCO.
Dos días después, "Santos volvió a insistir a Koldo sobre el estado de los nombramientos, en esta ocasión advirtiéndole de que no debían situar en Adif a "Teófilo Serrano". Respecto a esta persona, aun cuando no parecía ser del agrado de Santos, se ha localizado una conversación entre Fernando Merino [exdirectivo de Acciona] y Antxon [Alonso, el socio de Cerdán] de fecha 8 de junio de 2018, en la que el primero le remitió una noticia al segundo sobre el futuro nombramiento —el cual finalmente no se habría llevado a término puesto que fue nombrada Isabel Pardo de Vera Posada—".
Traducido: que cumplieron con la exigencia de que no fuera Serrano. Isabel Pardo de Vera, por cierto, está también imputada en la trama.
"En respuesta a la noticia, Antxon preguntó si era 'nuestro', a lo que Fernando Merino contestó afirmativamente", destaca la UCO.
El 18 de junio de 2018 "Santos volvió a enviar a Koldo los documentos que previamente había enviado este a Fernando Merino, con anotaciones en rojo acompañando a los nombres en cuestión. Como ya fue mencionado en el referenciado informe, entre las propuestas de nombramientos cabe destacar la de Francisco Javier Herrero Lizano como Director General de Carreteras, cargo que terminó ostentando a partir del 29 de junio de 2018", señala la UCO.
Herrero, "asimismo, en la actualidad se encuentra investigado en las DDPP 65/2023 por su presunta participación en la adjudicación irregular de obras públicas a Acciona Construcción, entre otras", añade la UCO.
Ahora la UCO quiere saber si hubo negociaciones con Bildu y si se centraron en exigencias similares o no.