Una perra mestiza de caniche, de apenas tres o cuatro meses de vida, se ha convertido en el centro de un conflicto entre administraciones en Ibiza. El animal llegó a la isla en patera desde Argelia sin documentación sanitaria y el Gobierno balear ordenó su sacrificio por riesgo de rabia. Sin embargo, el Ayuntamiento de Santa Eulalia y varias entidades animalistas piden que se le aplique un protocolo alternativo de cuarentena y control veterinario.
Según ha confirmado el Cuerpo Nacional de Policía, la perrita llegó el pasado 12 de diciembre junto a una familia de inmigrantes en una embarcación procedente presuntamente de Argelia, un país donde la rabia sigue siendo una enfermedad endémica. Como no pudo acreditar que la perra estuviese vacunada, se la trasladó a las instalaciones de la Fundación Natura Park, donde permanece en aislamiento.
Tras recibir el informe veterinario, la Dirección General de Salud Ambiental del Gobierno balear resolvió el pasado 17 de diciembre que el animal debía ser sacrificado, al considerar que no podía descartarse el riesgo sanitario de una enfermedad viral, contagiosa por mordedura y que, una vez aparecen los síntomas, es mortal tanto para animales como para las personas.
El Ayuntamiento pide frenar el sacrificio
Tras conocerse la decisión, el Ayuntamiento de Santa Eulalia (al este de Ibiza) presentó alegaciones contra la orden de sacrificio. El Consistorio defiende que existen precedentes en España en los que se han aplicado protocolos de cuarentena, vacunación y seguimiento veterinario en casos similares, sin recurrir directamente al sacrificio.
Además, recuerdan que la cachorra "no presenta síntomas compatibles con rabia" y proponen mantenerla "aislada bajo control sanitario estricto para garantizar tanto la seguridad pública como el bienestar del animal", según las declaraciones recogidas por el Diario de Ibiza.
El Ayuntamiento ha alcanzado también un acuerdo con una fundación animalista para asumir el coste de las instalaciones y del seguimiento veterinario si el Ejecutivo que preside Marga Prohens acepta las alegaciones.
Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha limitado a recordar que, según la Ley de Bienestar Animal, la recogida y custodia de animales abandonados, así como la orden de aislamiento cuando exista sospecha de enfermedad transmisible a las personas, compete a los ayuntamientos.
Por ahora, la pequeña caniche sigue en cuarentena bajo control veterinario, mientras las administraciones discuten qué hacer con ella. El problema de la rabia es que el periodo de incubación puede ser largo y, durante semanas, el animal puede no mostrar síntomas. De ahí que las autoridades opten, en algunos casos, por el sacrificio preventivo si no se puede acreditar la vacunación, mientras que otros protocolos permiten cuarentenas prolongadas con un aislamiento total.