Desde el pasado martes, el sistema ferroviario de Cataluña vive un caos tras el accidente de un tren de Rodalies, que colisionó con un muro desplomado de la AP-7 y provocó la muerte de un maquinista en prácticas.
Esta situación no solo afecta a los pasajeros —unas 400.000 personas que utilizan Renfe para desplazarse al trabajo, la escuela o consultas médicas—, sino que también coloca al gobierno catalán en una posición delicada, al igual que al Ejecutivo de Pedro Sánchez, prácticamente ausente en la región.
Los dos primeros ceses
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cesado al director operativo de Rodalies, Josep Enric García, y al director general de explotación y mantenimiento de Adif, Rubén Míguez, tras las interrupciones de este servicio en Cataluña.
Así lo ha anunciado el secretario de Estado, José Antonio Santano, quien ha pedido a los presidentes de Renfe y Adif, con el conocimiento del ministro del ramo, Óscar Puente, que se asuman las correspondientes responsabilidades.
"Somos conscientes de la situación, somos muy sensibles con el malestar de la ciudadanía catalana y, por supuesto, también del ‘Govern’, y somos conscientes de que Renfe y Adif tienen una responsabilidad que asumir", ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas.
Santano ha presentado estos ceses como un "punto de inflexión" en la operativa de Rodalies y en la percepción que se tiene de este servicio.