Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han apoyado la tesis del expresidente de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont informando favorablemente de su recurso de amparo al Constitucional para que le sea amnistiada también la malversación.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la Ley de Amnistía al comienzo de la presente legislatura con el objetivo de obtener los apoyos de Junts a la investidura del líder socialista. Sin embargo, aunque el Tribunal Supremo cumplió la práctica totalidad del objeto de la ley, este consideró que los delitos de malversación no pueden ser amnistiados, por lo que Puigdemont y los demás dirigentes independentistas que quedan sujetos a esta norma para volver a España sin ser encarcelados, presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Ahora, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se han posicionado a favor de que Puigdemont, Toni Comín, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raúl Romeva sean amnistiados. Así, según y ha confirmado Libertad Digital ambos organismos han presentado escritos favorables a que la norma se cumpla tal y como la pensó el legislador, es decir, el Ejecutivo del líder socialista.
Tendrá que decidir el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido si entiende, como lo hace el Supremo, que la malversación no es amnistiable. Este argumento se refuerza al pensar que, aunque no haya habido un enriquecimiento ilícito de los dirigentes independentistas, al sufragar con dinero público su causa, sí que estaban ahorrándose de su bolsillo lo que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre. El Tribunal de Cuentas cifró en 4,5 millones el dinero desviado del contribuyente catalán hacia el procés.
Por el contrario, el Constitucional podría decantarse por apoyar los informes de la Abogacía y de la Fiscalía, que defienden que el Supremo hizo una interpretación "irracional" y "arbitraria" hasta el extremo de los principios que no permiten amnistiar la malversación. El otro principio que defiende el Supremo es que no se pueden amnistiar los delitos que redunden en un perjuicio económico o patrimonial a la Unión Europea. Algo que habría pasado, según la interpretación del Supremo, si la secesión de Cataluña se hubiese logrado, ya que hubiesen mermado los recursos que la UE recibe de España.
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