La justicia ha abierto diligencias contra el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, el funcionario del cuerpo con mayor nivel, pues por encima de él tan sólo está el director general, que es un político, tras admitir a trámite una querella presentada por una agente subordinada que le acusa de agresión sexual. La investigación está abierta en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid.
Los hechos que figuran en la denuncia se habrían producido en abril de 2025 en una vivienda oficial que está a disposición del DAO de la Policía –del funcionario del cuerpo que ocupe ese puesto en cada momento– y que pertenece al Ministerio del Interior. La agente sostiene en su querella que fue víctima de una agresión sexual con penetración tras acudir al domicilio del mando policial después de recogerle previamente –por orden del mando– en un restaurante.
El juzgado ha incoado diligencias previas y ha fijado para el próximo martes 17 de marzo –dentro exactamente de un mes– la comparecencia de ambas partes. En esa fecha, la denunciante ratificará o no su denuncia y el máximo responsable operativo de la Policía Nacional podrá ofrecer su versión de los hechos. Por el momento, no se ha adoptado ninguna medida cautelar pública contra el alto cargo policial.
La denuncia recoge además otros presuntos delitos, entre ellos coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. La parte denunciante habría aportado audios y otros elementos que respaldan su denuncia. Será ahora el juez quien determine la validez y relevancia de ese material en el marco de la instrucción. La investigación se centra en esclarecer si existió o no delito y en qué circunstancias se produjeron los hechos denunciados.
El Director Adjunto Operativo (DAO) es el máximo responsable operativo de la Policía Nacional y fue designado en el cargo por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. De hecho, la confianza del ministro en José Ángel González es tal que evitó con artimañas que se jubilase en diciembre de 2024, cuando le correspondía en virtud de la legislación vigente en aquellos momentos, para poder mantenerle en su puesto.