El mes que cambió la historia del tren en España

El podcast La Radioteca, dirigido por Dieter Brandau, aporta las claves que necesitamos para entender la degradación de la alta velocidad española tras ocho años de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

En la tarde del domingo 18 de enero de 2026, en el kilómetro 318 de la línea de alta velocidad que une la capital de España con Sevilla, los tres últimos coches de un tren Iryo con destino a Madrid descarrilan. A los pocos segundos llega un Alvia que viajaba a Huelva. El choque, a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz, es brutal. El resultado del accidente también lo es: Treinta y siete pasajeros del Alvia y nueve del Iryo fallecen en el accidente ferroviario. Además, hay decenas de heridos de diferente gravedad.

Este miércoles se cumple un mes de aquella catástrofe ferroviaria y, coincidiendo con esta fecha, La Radioteca publica un análisis del contexto político en el que se produjo la tragedia y el resumen detallado de cuál ha sido el comportamiento del Gobierno de España en estos treinta y un días, incluidas las diferentes versiones que han dado sobre las causas del siniestro y el mantenimiento de unas vías que, primero fueron "completamente renovadas", luego lo hicieron de forma "integral" y, por último, de manera "generalizada" y "por fases".

Los antecedentes políticos resultan claves para entender la tragedia de Adamuz y para explicar cómo España ha pasado de tener una línea de alta velocidad que provocaba la admiración del gobierno de Barack Obama a que, dieciséis años después, casi la mitad de los usuarios españoles se plantee dejar de viajar en tren y al sesenta por ciento le dé "poca" o "ninguna" confianza el sistema ferroviario de nuestro país. En consecuencia, los precios de los billetes del AVE están bajando por la caída de la demanda mientras el puente aéreo Madrid-Barcelona vuelve a recuperar su cuota de mercado.

La "democratización" del tren

El gobierno actual, presidido por Pedro Sánchez, fue el encargado de implementar la liberalización del sector ferroviario, en línea con lo ordenado por la Unión Europea. La entrada de operadores privados y la consiguiente bajada de precios fue usada como arma propagandística por el sanchismo, que no dudó en arrogarse la "democratización" de los viajes en tren.

Ahora, el mismo gobierno pero con distinto ministro de Transportes reniega de esa liberalización y busca culpables externos para justificar los incontables retrasos, las múltiples incidencias, los accidentes y hasta los muertos.

¿Cuántos trenes viajan más que antes? ¿A qué velocidad? ¿Con qué frecuencia? ¿De qué peso y tamaño? ¿La inversión en mantenimiento y supervisión de las vías ha subido acorde con el incremento del uso de las mismas? ¿Se han aprovechado bien los miles de millones otorgados por los Fondos europeos a Adif?

Hasta el accidente de Adamuz, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguraba que todo se estaba haciendo de la manera correcta, presumía de que vivíamos el mejor momento del tren en España e incluso atacaba y se mofaba de quienes criticaban su gestión. Por eso, con casi medio centenar de muertos en las vías, la reacción del Gobierno durante este mes ha sido exactamente igual que cuando se produjo el histórico apagón total en España.

Como demuestra La Radioteca en su último podcast, utilizando los archivos sonoros de ambas situaciones, el guion que siguieron la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el ministro Puente ha sido exactamente el mismo. Las mismas palabras, las mismas argucias y el mismo objetivo: ganar tiempo hasta que otra noticia ocupe el lugar en las portadas y los informativos.

Con el apagón, Sánchez y Aagesen lograron sobrevivir políticamente sin que nadie, ni siquiera la presidenta de Red Eléctrica, asumiera su responsabilidad. Con el caos ferroviario y la tragedia de Adamuz, un mes después, el camino es el mismo.

¿Por qué se produjo el descarrilamiento?

Un mes después, se sigue sin saber qué ocurrió en Adamuz. ¿Falló el fabricante de las vías? ¿Falló la soldadura? ¿Falló la revisión? ¿Falló el mantenimiento? ¿O falló todo al mismo tiempo? Y por si esta incertidumbre no fuera ya lo suficientemente grave para una red ferroviaria que está perdiendo la confianza de sus usuarios, además se produce en medio de una investigación judicial que trata de averiguar si responsables políticos del más alto nivel en Transportes y Adif formaron parte de una organización criminal.

Escuchar la lista de políticos salpicados, imputados o destituidos por su relación con el llamado caso Koldo estremece de por sí, pero aún más si se recuerda que estas personas eran las responsables de garantizar la seguridad de la red de transportes de todo un país como España.