Nuevo episodio de la guerra de banderas en Cataluña. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Gerona ha estimado íntegramente un recurso de la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano y ordena al Ayuntamiento de Verges, una pequeña localidad gerundense de poco más de mil habitantes, que coloque las banderas de España y de Cataluña en la fachada del edificio consistorial y retire la bandera separatista. También le ordena que retire las "esteladas" que ha izado en una rotonda.
La resolución judicial señala exactamente:
1.° Proceda la Administración demandada a la colocación en el exterior del edificio consistorial de las banderas oficiales de España y Cataluña, conforme a la normativa aplicable.
2.° Declaro contraria a Derecho la colocación y tolerancia en el balcón consistorial de la bandera antifascista (sic) con la estelada.
3.° Declaro contraria a Derecho la exhibición y tolerancia de banderas esteladas en las farolas de las aceras de la confluencia de la C-31 con la C-252 y GI-634 de Verges, y condeno a la Administración demandada a su retirada.
En Verges gobierna la CUP. Su alcaldesa es Diana Canals y el abogado del municipio en este contencioso el afamado letrado Benet Salellas, exdiputado de la CUP, abogado del golpista Jordi Cuixart en el juicio en el Tribunal Supremo por la asonada separatista de 2017 y ahora también del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En el caso de Verges, sus habilidades jurídicas han dado un nulo resultado, toda vez que la sentencia rechaza sin paliativos todos sus argumentos.
Verges es también la localidad de la comarca del Ampurdán en la que ejerció como alcalde y jefe nacional del Movimiento el padre del cantante Lluís Llach, en la actualidad presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), colofón de una carrera política que arrancó en la adolescencia en los "Cruzados de Cristo Rey". El padre de Lluís Llach fue alcalde entre los años 1950 y 1963 y también ejerció como médico de familia en la localidad.
El contencioso sobre las banderas en el pueblo data del año pasado, cuando la justicia emitió un auto de medidas cautelares en el que se ordenaba colocar las banderas oficiales de España y Cataluña en la fachada del Ayuntamiento, auto del que se hizo caso omiso.
Requerimiento y aviso de multa
Ahora y según detalla Impulso Ciudadano, "el juzgado dictó el 28 de enero un auto de ejecución de las medidas cautelares en el que se acordó requerir personalmente a la actual alcaldesa de Verges, Diana Canals Batlle (CUP), para que cumpla en un plazo de diez días (vence hoy 19 de febrero) la resolución y apercibiéndola expresamente de la imposición de multas coercitivas personales —que pueden alcanzar hasta 900 euros mensuales— y de la posible deducción de testimonio por desobediencia en caso de incumplimiento contumaz".
En un comunicado, la entidad constitucionalista "celebra que, en un municipio que durante años ha hecho gala de la presencia de esteladas en sus calles y de la ausencia de las banderas oficiales en las dependencias municipales, se restablezca el principio de legalidad y se recuerde en la sentencia que las instituciones públicas no pueden apropiarse ideológicamente del espacio común".
"La Constitución y la Ley de Banderas —continúa Impulso Ciudadano— son normas de obligado cumplimiento y, como señala reiteradamente la jurisprudencia, el sometimiento pleno de la Administración a la ley no depende del color político del gobierno municipal ni del contexto social del municipio. El respeto a la neutralidad institucional es una garantía para todos, también —y especialmente— para quienes no comparten la ideología del gobierno local de turno". Además, la entidad promete hacer un "seguimiento riguroso del cumplimiento íntegro de la sentencia".