La Audiencia Nacional ordena a Ángel Víctor Torres remitir documentación sobre la financiación local

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso contra la "inactividad" que, a juicio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), está practicando el dirigente socialista Ángel Víctor Torres al frente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, presentó un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Política Territorial en septiembre de 2025 por no convocar el órgano en el que se reúnen los ayuntamientos con el Gobierno para tratar, entre otras temáticas, la financiación local. Esta ausencia de reuniones ordinarias supondría, según denuncia el recurso, un incumplimiento de la norma, que asegura que se deben convocar dos reuniones ordinarias al año; mientras que en la presente legislatura no se ha convocado ninguna.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el órgano judicial admite a trámite el recurso contra la "inactividad" del ministro socialista y le ordena que le remita "a este órgano judicial de aquel o aquellos expedientes administrativos a que se refiere el acto impugnado en el plazo improrrogable de veinte días".

Así, la Audiencia Nacional exige al Ministerio de Torres que le remita la documentación acerca de la convocatoria de las reuniones, cuya última ordinaria se realizó en 2022, cuando él ni si quiera era ministro. Respecto al mandato actual, el Ministerio solo ha convocado la reunión en tres ocasiones, pero todas con carácter extraordinario: en diciembre de 2023, en julio de 2024 y en noviembre de 2025.

Todas ellas para conocer la senda de gasto en el trámite de elaboración de los proyectos de Presupuestos Generales del Estado, que ni siquiera se han llegado a presentar en el Congreso en ninguno de los ejercicios desde las elecciones de 2023 debido a la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por todo ello, la Audiencia le requiere la documentación a este respecto en un plazo de 20 días contando desde la fecha de admisión a trámite.

No es el único organismo sobre el que el Gobierno de Sánchez ha incumplido su convocatoria. De hecho, la ministra María Jesús Montero estuvo más de un año y medio sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera –órgano en el que el Gobierno y las comunidades autonómicas deciden la renovación de la financiación autonómica. Este parón de reuniones sucedió en medio de la polémica de la quita de la deuda a Cataluña.