El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, no se da por vencido a pesar de la negativa de ERC, su socio clave, a negociar y, por tanto, pactar unos presupuestos autonómicos, que serían los primeros desde 2023, aprobados por el último gobierno presidido por el republicano Pere Aragonès. Desde entonces, la comunidad funciona con las cuentas prorrogadas.
Precisamente Aragonès disolvió el Parlament en 2024 al no poder sacar adelante los presupuestos, situación que se prolongó en 2025 ya con Illa al frente de la Generalidad y que podría seguir salvo sorpresa o cambio de guion de última hora por parte de Oriol Junqueras, el jefe de ERC que exige pasos concretos en la cesión íntegra del IRPF para negociar.
La semana pasada Illa logró el compromiso de los seis diputados de los Comuns de apoyar las cuentas a cambio de medidas como una ley para prohibir las transacciones inmobiliarias consideradas especulativas (impedir la venta de pisos a grandes tenedores en las zonas tensionadas), o los cheques menstruales y para preservativos a los jóvenes de entre 12 y 25 años.
Y cuando todo parecía conspirar para una rápida resolución de las negociaciones con ERC, Oriol Junqueras descartó cualquier posibilidad de acuerdo con el PSC tras reunirse en Moncloa en secreto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que dijo que no parece dispuesto a ceder el IRPF a pesar del compromiso por escrito que sirvió para investir a Illa con el apoyo de ERC.
La proximidad de las elecciones en Andalucía y el hecho de que la candidata vaya a ser la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aconsejan al PSOE a procrastinar el asunto. Pero Oriol Junqueras dice que ya ha esperado demasiado y que además no tienen ninguna certeza de que el Gobierno acabe finalmente cediendo con lo que ya prometió y consta por escrito en el pacto de investidura de Salvador Illa.
Pero el dirigente socialista, en fase de recuperación de una osteomielitis aguda, no se rinde. Está empeñado en aprobar las cuentas de 2026 en este primer trimestre del año y no depender de unos presupuestos prorrogados y de las ampliaciones de crédito que debería negociar con los republicanos, a los que necesita junto a los Comuns para lograr el número mágico, los 68 diputados que dan la mayoría absoluta en la cámara autonómica catalana.
El último elemento de presión ha sido escenificar con los sindicatos y las patronales un acuerdo para los presupuestos expresado en un documento con 86 medidas en materia económica y social tales como una inversión de 4.600 millones para un plan de reindustrialización, 3.900 millones para mejorar y crear nuevos centros de atención primaria (CAP) o casi mil millones para aumentar el parque de viviendas sociales.
Foto con Sánchez Llibre y los sindicalistas
En la foto solemne en el Palau de la Generalidad han posado Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal Foment, Antoni Cañete, de la pequeña y mediana empresa (Pimec), el jefe de la UGT Camil Ros y Belén López por parte de CCOO. Sánchez Llibre, que ha llevado la voz cantante en cuanto a las reacciones empresariales, ha glosado el esfuerzo del gobierno catalán y también el de la patronal que dirige puesto que las cuentas no recogen sus pretensiones en materia de impuestos, vivienda y bajas laborales sino las de los Comuns, con la ley de vivienda que supone una drástica intervención del mercado en las llamadas "zonas tensionadas", las más caras y con más demanda.
Irónica reacción republicana
La reacción de ERC no se ha hecho esperar y ha venido de la mano de la nueva Marta Rovira de ERC, la concejala en Barcelona y secretaria de organización del partido Elisenda Alamany, quien ha ironizado a costa de Illa al señalar que "menos mensajes de autoayuda y más ambición nacional". También ha recomendado a Illa que el "Govern" no insista con escenificaciones como la de hoy o como la que pretende llevar a cabo el viernes, cuando el ejecutivo se reunirá de forma extraordinaria para "solemnizar" una aprobación de los presupuestos que seguirá sin tener el voto a favor de ERC y por tanto no podrán ser sometidos a votación, salvo que la intención de Illa sea cosechar una derrota en sede parlamentaria. "Mejor que no lo haga", ha recomendado Alamany a Illa.