La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha vuelto a dar una estocada a la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. En un escrito de alegaciones que destila connivencia con la política penitenciaria del Gobierno vasco, el Ministerio Público ha dado su visto bueno a que el etarra Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', disfrute de un régimen de semilibertad que le permite salir de la cárcel de Martutene de lunes a viernes.
Bajo el paraguas del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario —la vía utilizada habitualmente para vaciar las cárceles de etarras—, el que fuera el jefe más implacable de la banda terrorista solo tendrá la "obligación" de regresar a prisión para dormir. Un privilegio que choca frontalmente con el historial delictivo de un individuo condenado a 377 años de prisión en España y a más de 30 años en Francia.
Para justificar este atropello, la Fiscalía se apoya en la participación del terrorista en supuestos "talleres de justicia restaurativa". Según el Ministerio Público, el asesino de Capbreton tiene un "compromiso serio" con la sanación de las víctimas. Sin embargo, el propio escrito admite la debilidad de este argumento al reconocer que todavía es necesario "exigirle" que pida perdón por los crímenes cometidos en suelo francés.
Resulta sangrante que se valide la salida de prisión de un criminal antes incluso de que este haya cumplido con el requisito moral y legal mínimo: el perdón real, inequívoco y sin matices a todas sus víctimas, incluidas las de los guardias civiles asesinados en Francia bajo sus órdenes directas.
Un historial que la Fiscalía olvida
'Txeroki' no es un preso cualquiera, fue el responsable de romper la tregua de Zapatero con el brutal atentado de la T4 en Barajas, donde murieron dos personas. Además, en su hoja de servicios criminales figuran el intento de asesinato de la edil Esther Cabezudo (77 años de condena), el envío de un paquete bomba a la delegada de Antena 3, María Luisa Guerrero o la dirección del aparato militar de ETA durante los años más negros de la pasada década.
La decisión de la Fiscalía no es vinculante, pero supone un espaldarazo definitivo a la estrategia del Gobierno vasco de acelerar las excarcelaciones. Mientras las víctimas siguen esperando justicia y que se esclarezcan los cientos de crímenes sin resolver, la Fiscalía prefiere centrarse en la "reeducación y reinserción" de quien dirigió una maquinaria de matar.