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El juez Peinado envía a la UCO los correos de Begoña Gómez con la cuenta oficial de Presidencia del Gobierno

Dése traslado de copia del mismo a la UCO para el análisis y la elaboración del oportuno informe

Dése traslado de copia del mismo a la UCO para el análisis y la elaboración del oportuno informe
Begoña Gómez en los premios Goya. | Archivo LD

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de la Audiencia Provincial de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, ha ordenado enviar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los correos corporativos enviados y recibidos por la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con la cuenta oficial de Presidencia del Gobierno.

El magistrado pidió a principios de febrero a Presidencia del Gobierno que le remitiese todos y cada uno de los correos electrónicos de la esposa del presidente del Gobierno y su asesora María Cristina Álvarez enviados y recibidos desde sus cuentas, desde el día 11 de julio de 2018 hasta el día de hoy. Además, exigía a organismos dependientes del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska que le informaran sobre los viajes que Gómez y Álvarez habrían hecho a varios países, entre ellos, República Dominicana.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, se señala que la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Presidencia del Gobierno aportó los correos recibidos y enviados por Gómez en una memoria USB.

"Dése traslado de copia del mismo a la UCO para el análisis y la elaboración del oportuno informe, conforme viene acordado. Quedando la memoria USB en las actuaciones en sobre cerrado", ordena la providencia.

De esta forma, el magistrado instructor de la causa que investiga los posibles delitos cometidos por la esposa del líder socialista, traslada a la UCO que ahonde en la posibilidad de que Álvarez estuviese trabajando para los proyectos privados de Gómez mientras cobraba del erario público español.

La petición de los correos se realizaba en concreto al responsable de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, también con apercibimiento de poder acusarlo de un delito de desobediencia si no responde en los siguientes diez días con la información requerida.

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