La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado irregularidades en, al menos, tres de los contratos adjudicados por Adif y Adif Alta Velocidad a Acciona –algunos en colaboració con otras empresas— recogidos en el marco de la instrucción que investiga las supuestas mordidas ilegales de la trama Koldo por adjudicación de obra pública.
Los contratos suman un valor de cerca de 400 millones de euros sin IVA, presupuesto que se habría aumentado en casi un 20%.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha recibido la causa que investiga las presuntas comisiones por adjudicaciones de obra pública a dedo después de que el exministro socialista José Luis Ábalos dejase su acta de diputado en el Congreso y, al no seguir aforado, el Tribunal Supremo se inhibiese en favor de la Audiencia Nacional.
En un informe al que ha tenido acceso Libertad Digital, el organismo dependiente del ministerio de María Jesús Montero destaca que hay tres casos en los que se modifican ilícitamente los presupuestos de la obra pública consiguiendo "un incremento del precio del contrato ligeramente por debajo del 20%".
"En los tres casos esa modificación incumple la normativa sobre modificaciones, bien la LCSP de 2017, para el contrato sujeto a esta ley, o el documento anexo de Condiciones Generales para los Contratos de Obras e Instalaciones al pliego de cláusulas administrativas particulares, para los dos contratos sujetos a la normativa de los llamados sectores excluidos", explica el documento.
Además, el organismo destaca la importancia del "subcriterio de juicios de valor" que califica la memoria y programa de trabajo de las obras, que pondera, según el documento, 20 de los 40 puntos asignados a este criterio. En los tres casos mencionados, se da que este subcriterio está altamente cualificado. Esta valoración subjetiva "permite incrementar notablemente las diferencias puntuación de los criterios basados en juicios de valor haciendo muy difícil que el que ha obtenido la mejor puntuación en juicios de valor no sea el adjudicatario".
De hecho, en el primer contrato de los tres estudiados, la Administración otorga 18,5 de 20 puntos otorgados por 'juicio de valor', basados en la coherencia y la idoneidad del documento, el conocimiento del terreno y otros condicionantes externos.
Este primer contrato se refiere al proyecto de construcción de soterramiento de la red ferroviaria de la ciudad de Murcia; el soterramiento de la estación de Barriomar y el soterramiento de Nonduermas. "El contrato se adjudicó el 24 de mayo de 2019 a la UTE Ferrovial Acciona en 158.801.001,18 € (IVA excluido), lo que supuso una baja del 33,8%". En este hubo tres modificaciones de aumento del valor de la obra que son investigadas.
El segundo contrato en el que se detectan irregularidades a la hora de modificarlo por cuestiones externas que se refieren a la subida del precio del mismo es el proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en San Feliu de Llobregat. "Se trata de un contrato de obras que tenía por objeto la ejecución de las obras para la cobertura de las vías del ferrocarril a su paso por el núcleo urbano de Sant Feliu de Llobregat, que se publicó en la PCSP el 22 de abril de 2019, siendo el presupuesto de licitación de 68.802.690,40 €, IVA excluido". Hay una modificación que está siendo investigada.
El tercer contrato que sufrió modificaciones que elevaron el presupuesto de forma presuntamente ilícita es el proyecto de construcción del Corredor Mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería en el tramo de Pulpí a Vera. "Este contrato tuvo por objeto la ejecución de las obras descritas en el proyecto constructivo denominado ‘Proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Pulpí-Vera’. El presupuesto de licitación de este contrato fue de 170.988.620,66 €, IVA excluido", explica el informe. La IGAE destaca una modificación a estudio.
Estos tres contratos relativos a Adif forman parte de los 11 que el informe estudia, todos ellos enmarcados en la investigación de la trama Koldo en la rama de las supuestas adjudicaciones a dedo a cambio de mordidas.
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