La investigación del caso Forestalia puede ser asumida íntegramente por la Audiencia Nacional en una macrocausa de corrupción.
Esta empresa de energías renovables con sede principal en Zaragoza y presencia en Madrid se enfrenta en la actualidad a dos investigaciones principales. La primera causa estalló en diciembre en el marco de la denominada operación Leire y es investigada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) para el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. La segunda causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal se desencadenó hace pocos días en el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Teruel. La investigación de esta causa es liderada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA).
Según ha podido saber Libertad Digital, "la investigación de Forestalia en ambas causas se está desbordando y no se descarta que todos los presuntos hechos delictivos se acaben centralizando en la investigación de una única macrocausa de corrupción en la Audiencia Nacional. Se están analizando muchos contratos y adjudicaciones".
"Ambas investigaciones a la compañía son todavía incipientes y se debe madurar la decisión final sobre la dirección de la instrucción. Podría acabar en la Audiencia Nacional o por el contrario, que la propia Audiencia Nacional entregue su investigación íntegra al Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la opción de que la Audiencia Nacional centralice la investigación es la más probable ya que en Teruel se investiga un posible delito de organización criminal. De la misma forma, se debería decidir si la investigación acaba siendo traspasada de forma íntegra a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), o bien, a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA)".
La investigación a Forestalia en Teruel
La investigación del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Teruel a Forestalia se centra en presuntas irregularidades en la tramitación de numerosos proyectos de renovables (parques eólicos y fotovoltaicos), especialmente en la provincia de Teruel (Aragón), incluyendo el macroproyecto Clúster del Maestrazgo —uno de los mayores parques eólicos de España—.
La semana pasada, tal y como adelantaba LD, era detenido el presidente de Forestalia, Fernando Samper Rivas, en el marco de esta causa. En esta operación, se llevaron a cabo doce registros y, además de la detención de Samper, otras cinco personas han pasado a disposición judicial. Entre ellas, también se encontraba el ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica que dirigía Teresa Ribera, Eugenio Domínguez y un notario de la zona.
Esta trama abarcaría al menos 52 proyectos vinculados, con deficiencias en estudios de impacto ambiental (por ejemplo, en el macroparque de Teruel) y posibles irregularidades en adjudicaciones y externalizaciones. La causa está bajo secreto de sumario en el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Teruel y no se descartan más detenciones o implicados.
La investigación a Forestalia en la Audiencia Nacional
La empresa Forestalia también es investigada por el Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional en el marco de la denominada operación Leire desde finales de 2025. En esta causa se investigan presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
En diciembre de 2025, la UCO registraba la sede central de Forestalia en Zaragoza y también en Madrid. La investigación se centra en determinar la vinculación de esta empresa de renovables con la presunta trama de corrupción en adjudicaciones públicas, comisiones ilegales y amaños de contratos en empresas públicas como SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
En el marco de esta causa, fueron detenidos la exmilitante del PSOE, Leire Díez; el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández; y el propietario de la empresa de Servinabar y supuesto socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso. Los tres quedaron en libertad provisional tras declarar ante el juez, después de que la Fiscalía no solicitara la prisión provisional.
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