El Gobierno vasco concede el tercer grado al etarra que mató a Tomás y Valiente

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al preso de la banda terrorista ETA Jon Bienzobas Arretxe, condenado por el asesinato del catedrático y expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, entro otros delitos. La decisión llega menos de dos meses después de que se le otorgara régimen de semilibertad previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado este acontecimiento alegando que constituye "un nuevo fraude" en la ejecución de las condenas a los reclusos. Según Covite, "confirma" que el Gobierno Vasco "continúa consolidando una política penitenciaria orientada no a favorecer una reinserción real, sino a facilitar la semilibertad con una apariencia de legalidad". También señalan que "oculta que muchos terceros grados acaban convirtiéndose en una libertad casi total".

Por su parte, el Gobierno Vasco se escuda en el artículo 83 del Reglamento Penitenciario. Valora "su buena conducta penitenciaria" y la escritura de una carta en la que, supuestamente, expresa su arrepentimiento.

Tercer grado "fraudulento"

Desde Covite solicitan que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurra la concesión del tercer grado a Bienzobas, tal y como hizo con el régimen de semilibertad que aplicó a la exdirigente de la ETA María Soledad Iparraguirre, Anboto.

"Se cumple la ley en la forma, pero se traiciona por completo su espíritu. Por eso hablamos de terceros grados fraudulentos. Lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene por qué dar por buenas, y menos aún las víctimas", advierten en un comunicado.

La resolución del Gobierno Vasco señala que para el tercer grado al etarra figuran "su buena conducta penitenciaria, una oferta laboral y un escrito en el que supuestamente expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz".

Que una carta privada suponga un aval para un asesino condenado a 266 años de prisión resulta, cuando menos, llamativo, pero en la línea que lleva el Ejecutivo autonómico. Así, según Covite, el requisito de arrepentimiento "se ha vaciado". "Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad", ha denunciado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

Hay que recordar que una sentencia de la Audiencia Nacional, en 2023, para revocar el tercer grado al etarra Xabier Atristain, señalaba que "este tipo de cartas no tienen validez si no van acompañadas de signos inequívocos de desvinculación, entendiéndose por estos, actividades realizadas de colaboración con las autoridades para identificar a otros responsables e incluso en impedir la actuación de organizaciones o asociaciones vinculadas o de apoyo al terrorismo".