La Junta General del Principado de Asturias ha respaldado la propuesta final del dictamen elaborado por la comisión de investigación sobre el siniestro en la mina de Cerredo, un trágico suceso que se cobró la vida de cinco trabajadores. La medida ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto del PSOE que ha votado en contra.
El texto aprobado exige la reprobación de siete personas a las que considera responsables por acción u omisión en la tragedia. Entre los nombres más destacados figuran los actuales presidentes de la compañía pública Grupo Hunosa, Enrique Fernández, y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí. Ambos ocuparon anteriormente el cargo de consejeros de Industria en el Principado. Junto a ellos, se señala a la exconsejera Belarmina Díaz, quien dimitió poco después del suceso, y a Isaac Pola, ex viceconsejero del ramo.
La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, ha argumentado que existió un clima de fallo sistémico que facilitó el accidente. Los impulsores de la investigación parlamentaria no solo exigen la salida de Roqueñí y Fernández de sus actuales cargos públicos, sino que también señalan a tres funcionarios, sugiriendo que sean apartados de puestos de responsabilidad durante un periodo de tiempo determinado.
El PSOE vota en contra
Este dictamen ha provocado una evidente brecha en el Ejecutivo autonómico. El Gobierno asturiano está sostenido por una coalición entre el PSOE y Convocatoria-IU, pero ambas formaciones han votado de forma diametralmente opuesta. El portavoz de la coalición de izquierdas, Xabel Vegas, ha respaldado el documento y ha calificado de "decepción para los asturianos" la actitud de sus socios socialistas al negarse a exigir responsabilidades políticas.
Desde la oposición, el Partido Popular ha celebrado que el texto salga adelante con una amplísima mayoría. El diputado Rafael Alonso ha incidido en que nadie podría entender la impunidad tras seis fallecidos en el mismo ámbito empresarial. Por su parte, el representante de Vox, Gonzalo Centeno, ha denunciado el ecosistema negligente que ha permitido operar a empresas amparadas en el fraude de ley.
El documento definitivo abre ahora un plazo de quince días para la presentación de votos particulares antes de su aprobación final prevista para el próximo mes de junio. Además de las sanciones políticas, la resolución mantiene la exigencia de un respaldo económico para ayudar y compensar a las familias afectadas por los graves accidentes en dicha mina.
Por su parte, el PSOE ha justificado su solitario rechazo argumentando que el texto contiene errores de base. El diputado socialista Jacinto Braña sostiene que el dictamen excede el ámbito de las responsabilidades puramente políticas para adentrarse en posibles ilícitos administrativos y penales, escudándose además en supuestas advertencias realizadas por los servicios jurídicos de la Cámara.