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Portazo del Supremo a Baltasar Garzón en su último intento de volver a ser juez

La Sala III del Supremo ha desestimado el recurso de Garzón contra el CGPJ.

Baltasar Garzón en una imagen de archivo. | Cordon Press

Varapalo para Baltasar Garzón: el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo núm. 335/2025 interpuesto por el exmagistrado contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 8 de octubre de 2025, que rechazó por "carencia manifiesta de fundamento" estudiar los acuerdos por los que fue expulsado de la carrera judicial en 2012

La Sala III recuerda que los acuerdos del CGPJ de 20 y 23 de febrero de 2012 daban "cumplimiento a la sentencia de 9 de febrero de 2012, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en la que se condenaba al referido magistrado a once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva de su cargo y de los honores que le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales". Alude el Supremo al fallo que le condenó por prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones al considerar que ordenó escuchas ilegales a los investigados de la trama Gürtel.

"Tras la deliberación, la Sección ha decidido desestimar el citado recurso", señala el Alto Tribunal en este nuevo revés para Garzón en su último intento de recuperar la toga.

El exmagistrado decidió interponer este recurso alegando que la condena por prevaricación que le apartó de los juzgados fue "arbitraria e imprevisible" y vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se amparaba en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 13 de julio de 2021 que declaró que la sentencia del Tribunal Supremo violó los derechos fundamentales del exmagistrado.

El intento ha resultado infructuoso. A Garzón le queda el consuelo de presidir gracias a Pedro Sánchez la denominada Comisión de la Verdad del Consejo de Memoria Democrática que ha celebrado este mes su primera reunión junto con sus otros nueve miembros. Su finalidad, según informó el Gobierno, es actuar "en coherencia con los principios de verdad, justicia y reparación" y profundizar en los aspectos menos investigados de este periodo para elaborar un informe final con recomendaciones para "garantizar la reparación de las víctimas".

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