La infantilización es un fenómeno visible en Occidente. Se observa claramente en la prolongación de la adolescencia, en la sobreprotección, en la conversión de la fragilidad en identidad y en la creciente dificultad para asumir responsabilidades, riesgos o conflictos. La universidad, los medios, las redes sociales y la política han incorporado esa lógica de proteger antes que exigir, dogmatizar antes que discutir y señalar culpables antes que examinar los hechos; una dinámica que no es una simple tendencia pedagógica sino una forma de desarmar al adulto.
Una sociedad que enseña a interpretar cualquier desafío como agresión, toda frustración como injusticia y todo límite como opresión, acaba produciendo individuos incapaces de gobernarse a sí mismos y, en consecuencia, incapaces de participar con una mínima madurez en el gobierno de los demás.
Es sencillo de entender. Quien ha sido educado para no tolerar la incomodidad difícilmente tolerará la complejidad; quien confunde el desacuerdo con una ofensa apenas podrá admitir el pluralismo. La discusión deja así de consistir en contrastar ideas, valorar resultados o corregir errores. Todo queda reducido a una fábula moral de buenos y malos, un terreno en el que la izquierda contemporánea se mueve con soltura. Su simplificación es infantil, pero eficaz: la izquierda representa el bien. Todo lo demás es una amenaza.
Así, cuando la izquierda proclama que defiende a las mujeres, a los homosexuales, a los inmigrantes o a cualquier otro "colectivo", sus proclamaciones no son propuestas políticas que puedan contrastarse. Son dogmas. Da igual que una ley produzca efectos contrarios a los anunciados, que una política agrave el problema que pretendía resolver o que sus beneficiarios reales no sean precisamente aquellos a los que se prometía proteger. Quien cuestiona estas políticas no discrepa; es malvado.
La infantilización política alimenta la forma más corrosiva de la polarización. No la que nace de la discrepancia entre posiciones enfrentadas, inevitable en una sociedad libre, sino la que niega al adversario la posibilidad misma de disentir de buena fe. El crítico deja de ser un rival democrático para convertirse es una amenaza moral. Y la política se vacía de razones para atrincherarse en los reflejos de defender siempre a los nuestros y condenar siempre a los otros.
Los periodistas de izquierda han propagado la infantilización política como ningún otro gremio al filtrar de forma preventiva quién puede ser escuchado, qué duda es aceptable y qué pregunta ha de considerarse sospechosa. Cualquier crítica a una política de izquierda la traducen en una intención siniestra, cualquier objeción la presentan como odio y cualquier exigencia de responsabilidades la despachan como una operación de extrema derecha. No arrojan luz sobre los hechos. Expiden certificados de inocencia y culpabilidad.
La democracia, sin embargo, exige justamente lo contrario: que las políticas puedan discutirse sin excomuniones, que los gobiernos sean valorados por sus resultados y no por la pureza de sus intenciones, y que el periodista investigue al gobernante afín con el mismo rigor que al que no lo es. La confrontación democrática no es una patología ni una manifestación del mal. Es el procedimiento normal por el que una sociedad civilizada corrige sus errores sin aniquilar a quien piensa diferente.
La infantilización política cortocircuita ese proceso. Si una medida es "de izquierdas" queda automáticamente blindada, si alguien la cuestiona queda marcado, y si el "gobierno de progreso" se ve cercado por escándalos, pedir explicaciones, dimisiones o elecciones deja de ser una exigencia democrática y pasa a interpretarse como una operación para entregar el país a los malvados.
Ahí está la impunidad conceptual que protege a Pedro Sánchez. No es judicial, sino más práctica y profunda. Consiste en presentar cualquier control político como una amenaza contra el progreso, los derechos y la democracia. Si Sánchez encarna a la izquierda y la izquierda encarna el bien, todo lo que amenace su continuidad es una operación al servicio del mal.
Ese es el truco: no hace falta negar los hechos cuando basta con desplazar la conversación a un terreno donde no se habla de qué ha ocurrido, de quién responde o de si el presidente debe seguir, sino qué monstruos llegarían si fuera desalojado del poder.
Sánchez recurre a esta argucia constantemente. En 2025 habló de una "internacional del odio y de la mentira" y presentó su combate como un deber moral. Meses después, cuando trataba de contener el daño de los escándalos que cercaban al PSOE, volvió a la misma estructura: la alternativa al Gobierno no era otra mayoría parlamentaria ni otro programa político, sino una coalición ultraderechista llamada a liquidar los avances.
Existe un punto de quiebre en el que la degradación democrática deja de afectar únicamente a las leyes, los contrapesos o los procedimientos; llega cuando el juicio de buena parte del público cede ante la identidad y ya no valora la realidad según lo ocurrido, sino según el coste político que tendría admitirlo. Este infantilismo es lo que proporciona a Sánchez una democracia a su medida. Una guardería moral necesitada de un tutor –él– que mande sobre todos sin rendir cuentas.