La tentación es pensar que España atraviesa una crisis política grave, pero todavía no letal. Una de esas crisis que las democracias, con más o menos sobresaltos, acaban digiriendo: primero estalla la corrupción, luego la prensa la ilumina, después los jueces avanzan a su ritmo y, finalmente, llegan las elecciones generales para hacer la magia de la alternancia. Cae el Gobierno, entra otro, se abren algunas ventanas, se ventilan las estancias y el sistema, maltrecho pero vivo, se mantiene en pie.
Ojalá estuviéramos ahí. Pero ya no estamos ahí.
España ha entrado en una fase de absoluta excepcionalidad. Lo que estamos viendo no es el clásico goteo de escándalos de corrupción, sino algo bastante más serio: un poder decidido a arremeter contra los controles y contrapesos del Estado de derecho para sobrevivir a cualquier precio. La diferencia es crucial. La corrupción puede pudrir un Gobierno; la destrucción de los contrapesos pudre el modelo político entero.
Por eso conviene abandonar cuanto antes la confortable fantasía de que bastará con "que se sepa todo" y la alternancia llegará. Saber es necesario, pero no suficiente. Durante años hemos visto cómo cada revelación que en cualquier otra democracia habría provocado dimisiones, ceses inmediatos o elecciones anticipadas era amortizada por la maquinaria socialista como quien se sacude el polvo del camino.
El método ya no consiste en negar los hechos, sino en cambiar el marco general: el Gobierno habría cometido, en el peor de los casos, algunos pecadillos, algunos excesos, pero todo quedaría compensado por su inigualable defensa del bien común. De hecho, la víctima sería él. Víctima de los jueces, de la prensa, de la derecha, de la ultraderecha, de los poderes oscuros, de Washington, del malvado Donald Trump y, si hace falta, del mal tiempo.
Ese relato no es una improvisación. Es una construcción política madurada. Su objetivo no es demostrar que las investigaciones judiciales forman parte de una conspiración antidemocrática. Ni siquiera necesita que esa inversión de la realidad resulte creíble. Le basta con existir. Su función es ofrecer una coartada previa para cualquier acción posterior.
Si los jueces investigan, será lawfare; si los fiscales cumplen con su deber, serán cómplices de la reacción; si la Guardia Civil investiga, habrá cloacas; si la prensa arroja luz, habrá campaña; si la oposición denuncia, habrá golpismo. No se trata solo de desacreditar, sino de fabricar el marco mental desde el que cualquier contraataque del Gobierno pueda ser presentado como legítimo. La mentira política, cuando alcanza ese grado, ya no busca parecer verdad: busca servir de permiso. Y en ese punto la partida cambia por completo.
Hace tiempo que pasamos la pantalla del videojuego en la que la democracia española, con todos sus defectos, conservaba algunas salvaguardas. Ahora estamos en otra: la transición hacia un sistema de control total. El poder ya no se limita a resistir; intenta controlar todos los escenarios en los que podría perder: el relato, las instituciones, los procedimientos y, llegado el caso, incluso las condiciones electorales.
Por eso el asunto del voto CERA no debe despacharse a la ligera. En unas autonómicas puede no cambiar el resultado y, sin embargo, ser una prueba de campo. En las generales, donde unos pocos miles de votos pueden cambiar el signo de no pocos escaños, un aluvión de votos exteriores, el fin del voto rogado, la ley de nietos, la opacidad del proceso y la presencia de estrategas socialistas en lugares clave como Argentina plantean la posibilidad de una distorsión electoral decisiva.
Con Leire Díez ocurre algo similar. El problema no es la zafiedad del personaje. Lo grave es lo que asoma detrás. Sus libretas no describen solo las chapuzas de una militante, sino un modus operandi superior: localizar a quien incordia, presionarlo, desacreditarlo o quebrarlo. Jueces, fiscales, guardias civiles, periodistas, adversarios. Todo lo que pueda poner en peligro a Pedro Sánchez es un objetivo legítimo.
Ahí encaja también José Luis Rodríguez Zapatero. No como expresidente dedicado a cultivar amistades peligrosas, con sus viajes y sus joyas, sino como una pieza clave de la cloaca socialista a la que no se puede dejar caer sin más. Si el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños puede paralizar pruebas decisivas contra José Luis Rodríguez Zapatero procedentes de Estados Unidos, ¿qué cabe imaginar que hará? La pregunta se responde sola.
No se trata de dar pábulo a una conspiración novelesca, sino de anticiparse a un Gobierno que usa el propio Estado para protegerse de lo que el Estado debería investigar. Porque ya no es que el Ejecutivo recurra a las cloacas para salvarse; es que la cloaca es el Gobierno.
Por eso resulta insensato delegarlo todo en la prensa, en un puñado de jueces y en algunos agentes de la ley. Es imprescindible apoyarlos, por supuesto. Pero creer que ellos solos bastarán mientras Pedro Sánchez juega a calzón quitado es una temeridad. La alternancia no llega siempre como fruta madura. A veces, cuando el árbol institucional está siendo talado, la fruta cae, sí, pero en el terreno equivocado.
Por tanto, la cuestión no es solo el daño acumulado en esta partida, sino cuánto está dispuesto a forzar el Gobierno la máquina para no perderla. Y la respuesta es que ya estamos en la pantalla final, donde las reglas se rompen y la única prioridad es la permanencia en el poder.