El problema ya no es si Pedro Sánchez prepara un golpe blando. El problema es que, en lo esencial, ya lo ha dado. No se trata de un golpe clásico. Eso pertenece a otra época. El golpe moderno conserva las formas democráticas, mantiene en pie el decorado y deja que las instituciones sigan funcionando mientras les va retirando, una a una, su capacidad para limitar al poder.
El Congreso sigue reuniéndose, los jueces continúan dictando resoluciones, la UCO investiga, los ciudadanos votan... Pero una democracia no deja de serlo únicamente cuando se cierran sus instituciones. También puede dejar de funcionar cuando esas instituciones ya no logran producir consecuencias para quien abusa de ellas. Es, precisamente, ese el momento en el que nos encontramos.
Por eso, la instrucción de Moncloa de que no dimita nadie no debe interpretarse solo como un mecanismo defensivo. Es verdad que la dimisión de un subordinado puede iniciar una secuencia peligrosa: si cae quien ejecutó la orden, la pregunta inevitable es quién la dio, quién la toleró o quién se benefició de ella. Pero esa explicación se queda corta. Bajo esa superficie, la negativa sistemática a asumir responsabilidades revela algo más grave: Pedro Sánchez ha decidido que ninguna crisis, ninguna investigación y ningún indicio, por grave que sea, le obligará a retroceder mientras exista una posibilidad material de resistir. El resultado es elocuente: 126 imputados y ni una dimisión.
En una democracia funcional dimitir no significa declararse culpable. Significa proteger una institución mientras se esclarecen los hechos. Significa reconocer que hay una responsabilidad política distinta de la penal y que quien ocupa un cargo no puede seguir ejerciéndolo cuando la credibilidad de ese cargo ha quedado comprometida. Hoy, sin embargo, ese principio ha sido sustituido por otro. Nadie dimite por responsabilidad política. Nadie se aparta. Todos resisten, incluso cuando esa resistencia degrada el cargo y convierte a la institución en un escudo del poder.
El caso de la dirección de la Guardia Civil es revelador. Si las presuntas maniobras para neutralizar a quienes investigaban la corrupción del entorno de Sánchez llegaran a confirmarse, estaríamos ante una operación de un alcance extraordinario: la utilización de la dirección de la Guardia Civil para coaccionar, disuadir y perseguir… a sus propios agentes. La cuestión no es anticipar sentencias. La cuestión es política. ¿Puede seguir al frente de la Guardia Civil quien está bajo sospecha de haber participado en una trama dirigida contra quienes investigaban al presidente, al Gobierno y a su entorno? En una democracia mínimamente funcional esa pregunta tendría una respuesta inmediata: apartarse mientras se aclaran los hechos. Sin embargo, la instrucción de Sánchez ha sido otra: resistir.
El precedente del fiscal general del Estado ya evidenció la ruptura con ese orden democrático. Su permanencia en el cargo hasta el mismo instante en que la sentencia del Supremo le inhabilitó puso en evidencia una realidad devastadora: ni siquiera una institución clave del Estado de derecho podía ya zafarse del abrazo de Sánchez. Esa es la diferencia entre una crisis política y un cambio de régimen. En una crisis política convencional se sacrifica a un cargo para salvar la institución. En el régimen que Sánchez ya ha establecido, se sacrifica la institución para salvarle a él.
Llegados a este punto, resulta evidente que asistimos a algo mucho más grave que la simple extralimitación. El poder ha dejado de aceptar los límites que las instituciones deberían imponerle. Sigue habiendo frenos, pero el conductor ha decidido ignorarlos. Por eso no estamos ya en los preámbulos de un cambio de régimen, sino dirimiendo si podrá ser revertido.
Aquí aparecen dos recursos que hacen difícil ser optimistas. El primero es el indulto. Una condena firme puede parecer un contrapunto decisivo, pero el Gobierno conserva la capacidad de proponer su remisión total o parcial. Eso no convierte al culpable en inocente, pero anula las consecuencias judiciales y, en la práctica, asegura la impunidad. El segundo es el Tribunal Constitucional. No fue concebido para actuar como una tercera instancia que enmiende al Tribunal Supremo. Sin embargo, la mayoría que domina el Constitucional puede convertirlo a efectos prácticos en un tribunal de supercasación que desactive lo que la jurisdicción ordinaria resuelva.
Esa arquitectura de la impunidad agrava la incertidumbre. No basta con que la UCO investigue, no basta con que un juez instruya, no basta con que el Supremo condene. Hay que preguntarse si el resultado de todo ese trabajo sobrevivirá a los mecanismos que Sánchez conserva para neutralizar sus consecuencias.
En este escenario, la alarma social provocada por la incorporación de una gran bolsa de nuevos votantes al censo mediante la llamada Ley de Nietos debe leerse en clave sociológica. No importa aquí si esos temores son fundados, exagerados o discutibles. Lo importante es que una mayoría de españoles —no ya la oposición— parece intuir que no estamos en los prolegómenos de un cambio de régimen. Ese cambio ya se habría consumado. Ahora lo que se dilucida es qué capacidad queda para revertirlo. De ahí el temor perfectamente racional a que Sánchez haya encontrado la forma de burlar la última barrera: el sufragio universal.
La fachada democrática continúa en pie. Pero detrás de ese decorado se libra una batalla trascendente: la de los reductos del Estado de derecho que aún resisten frente a un presidente cuya única vía de escape consiste en romper definitivamente las salvaguardas que podrían obligarlo a rendir cuentas. Por eso la cuestión ya no es si Sánchez dará el golpe. La cuestión es si esos reductos que aún quedan en pie serán capaces de revertir el que ya ha dado.