Rajoy no dará pasos que generen más tensión con Artur Mas

Mariano Rajoy suele contestar a las preguntas sobre el desafío independentista con la máxima de que él es “presidente de todos los españoles”, por lo que tiene que medir al detalle sus palabras y, aún más importante, sus hechos. De ahí que el Ejecutivo se mueva con pies de plomo, y se haya quedado quieto tras la presentación de la declaración secesionista de Artur Mas: “Habrá que analizar el resultado final. Cada cosa tiene sus efectos y eso es lo que determinaremos”, en voz de Soraya Sáenz de Santamaría.

Vaya por delante que los servicios jurídicos del Estado estudian cada paso que da la Generalidad para actuar si existe ilegalidad. Así, recurrió ante el Constitucional el impuesto sobre depósitos bancarios, y se muestra convencido de que el alto tribunal le dará la razón. Pero, en el caso del plan presentado en el Parlamento regional, el Gobierno opta por esperar: “De momento es sólo un papel”, se dicen. Otra cosa sería que se hubiera convocado ya el referéndum: “Ahí, la Constitución es muy clara y el Gobierno actuará con la ley en la mano”, inciden las fuentes consultadas. “Cumpliremos y haremos cumplir las leyes”, insistió este viernes la vicepresidenta, y ésa es hoy al respuesta oficial vigente.

La estrategia del presidente, en todo caso, es rebajar la tensión. De hecho, su equipo recuerda que en ningún caso ha sido el Gobierno el que ha lanzado la primera piedra, sino todo lo contrario. El objetivo es mantener los pocos puentes que no han sido derruidos: “Con Hacienda sí que hablan”, ironizan. Prueba de esa mano tendida, ponen como ejemplo, es que Cataluña es hoy una de las grandes beneficiadas de los presupuestos en infraestructuras -la inauguración de la línea AVE a Gerona fue la primera de la era Rajoy- así como el ofrecimiento de negociar sin demora la financiación autonómica o los euros que no cesan para el pago a proveedores, entre otras partidas.

Otra prueba, continúan las fuentes consultadas, es la rapidez con la que el presidente anunció que se reuniría con Mas, tal y como reclamó su equipo en fiestas navideñas. Precisamente, sobre el anunciado despacho, se asegura que la Generalidad aún no ha pedido formalmente la cita; y que en el encuentro de ambos líderes en el tren de alta velocidad no cerraron ninguna fecha. Eso sí, “la reunión se celebrará y cuando se haga, esperamos que el señor Mas venga con algo más que con amenazas y planteamientos que no podemos aceptar”, insistió un ministro.

El hecho de que se trabaje por evitar el choque de trenes no quita para que el Gobierno sea consciente de que Cataluña es un “problema” real que se irá haciendo más grande con el paso de los tiempos. Pero, pese a este diagnóstico, Rajoy quiere ser descrito “como la persona que busca consensos y quiere llegar a acuerdos. Que quiere dialogar”, frente a un Mas escorado “en el radicalismo”.

Moncloa espera que el muro de la legalidad acabe por parar los pies a la Generalidad. Si bien no se atreven a avanzar cómo acabará “esta aventura hacia ninguna parte”, en palabras de Rajoy. Hasta entonces la consigna del propio presidente, en todo caso, es no caer en la provocación: “Estabilidad” como mantra, con la seguridad de que la Unión Europea está de parte del Ejecutivo.

Floriano: "Hay que ir viendo cómo se construye"

La dirección del PP, habitualmente mucho más cañera en sus valoraciones sobre la hoja de ruta de Mas, se adoptó al perfil de Moncloa tras su reunión semanal de los lunes. "Hasta la fecha no conocemos que se haya adoptado ninguna decisión de relevancia de carácter jurídico", expuso Carlos Floriano, que dijo sentir "vergüenza" por el silencio de los cargos de CiU ante la presencia de ERC en la manifestación proetarra de Bilbao.

Floriano, ajustándose únicamente a lo "que se conoce" por los medios, afirmó que en el caso de que Mas siga adelante será "un profundo error que le aleja del sentimiento, no ya de la ley, de la mayoría de los catalanes y de la Constitución", pero que en todo caso "hay que ir viendo cómo se construye" el órdago secesionista.

Sea como fuere, reiteran fuentes tanto del Ejecutivo como del PP, el modus operandi queda escrito en la Carta Magna de 1978: "No se puede hacer un referéndum por parte de un presidente de una comunidad. Si tal acto se produjese, sería recurrido por el Constitucional y lo suspendería", afirmó Alberto Ruiz Gallardón en declaraciones a este diario.