Aunque sí sea el caso de persecución personal más clara, las denuncias de la Generalidad no han sido el único ataque a la libertad de expresión en los últimos meses: lenta pero inexorablemente el panorama mediático está cambiando y son, casualmente, los medios más críticos con el Gobierno los que sufren los cambios.
El más sonoro ha sido, sin duda, el relevo de Pedro J. Ramírez al frente de la dirección de El Mundo, periódico que él mismo había fundado 25 años antes y del que había sido el único director.
Tanto el presidente de la empresa italiana propietaria de Unidad Editorial como la propia Soraya Sáenz de Santamaría han querido revestir el cambio con los ropajes de una decisión meramente empresarial, pero Ramírez aseguró en su despedida con los redactores que era impuesta y que estaba relacionada con el tratamiento que El Mundo ha dado al caso Bárcenas y la Monarquía.
Pedro J. ha llegado a asegurar, y nadie lo ha desmentido, que en los últimos meses importantes empresas habrían sufrido serias presiones para dejar de anunciarse en el periódico de Unidad Editorial, lo que había agravado notablemente la situación económica del grupo.
Crisis, ¿qué crisis?
La situación económica de los grandes grupos editoriales es, desde luego, relevante en los hechos, pero quizá no como causa última de lo ocurrido, sino como la oportunidad para que su intervención resulte decisiva.
Así se puede entender, sin duda, si se atiende a las declaraciones del nuevo director de El Mundo, Casimiro García-Abadillo, que aseguraba que "si El Mundo hubiera tenido beneficios, a Pedro J. no se lo hubieran cargado".
En el caso del periódico de Unidad Editorial, la crisis ya grave se ha complicado aun más por la intervención del Gobierno –al menos según el principal afectado- pero en otras ocasiones la intervención de los de Rajoy es en el sentido opuesto: es vox pópuli que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha sido clave en la negociación que ha permitido a Prisa refinanciar una vez más su gigantesca deuda.
No obstante, todo parece indicar que el rescate gubernamental no le saldrá gratis a la editora de El País: este mismo martes se ha confirmado –aunque aún no es oficial- lo que ya era un secreto a voces y el hasta ahora director, Javier Moreno, va a ser sustituido por Antonio Caño.
Desde la propia redacción de El País se achaca el cambio a la relación de Juan Luis Cebrián, consejero delegado de Prisa, con Sáenz de Santamaría. Por otro lado, llama poderosamente la atención que la destitución de Moreno se produzca ahora, muchos meses después de que los periodistas repudiasen a su director a raíz del ERE vivido y de que se llegasen a vivir momentos de verdadera tensión además de una situación "de auténtico divorcio" entre el cuadro directivo y el resto de los trabajadores.
También en La Vanguardia se ha producido recientemente –en diciembre de 2013- un relevo en la dirección con el que se completan cambios en los puestos de máximos responsables de las que son, con toda probabilidad, las tres cabeceras más influyentes de España.
En el caso del periódico barcelonés el elegido fue Màrius Carol, un hombre que lleva años trabajando para el Grupo Godó, y el sustituido José Antich. Los analistas han querido ver una marcha atrás en el perfil soberanista que el periódico había tomado en los últimos tiempos.
José Antich llevaba dirigiendo La Vanguardia casi catorce años, desde el 2000; Javier Moreno fue nombrado en El País en 2006, ocho años atrás; y Pedro J. Ramírez ha sido director de El Mundo más de 24 años. Los tres han dejado sus puestos en un lapso de dos meses.
También en la televisión
El terremoto en contra de los medios ha tenido también su onda expansiva en el mundo de la televisión, otro negocio que no pasa por su mejor momento, entre otras razones por las decisiones del anterior gobierno, que por supuesto no han sido modificadas por este.
Además, el terreno de la televisión está en no pocas ocasiones relacionado con las restantes empresas periodísticas y este es desde luego el caso en España: muchas de las compañías con intereses en el mercado de la TDT son también editoras de diarios en papel o poderosos grupos radiofónicos. En este sentido, el silencio del Gobierno sobre la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el reparto de frecuencias de TDT –en teoría algunos grupos deberían perder parte de sus derechos de emisión- está resultando también un problema de importancia para algunas empresas.
Podría ser el caso, por ejemplo, de Intereconomía, otra de las grandes víctimas de la presión de este gobierno sobre los medios de comunicación, que vio la pasada semana cómo se cerraban sus emisiones televisivas a nivel nacional, tras unos meses en los que la situación de la empresa venía empeorando. En el camino, por cierto también en diciembre, quedó La Gaceta, el periódico en papel del grupo.
De nuevo, aunque los problemas empresariales de Intereconomía tienen, como en el resto del sector, raíces complejas, la intervención del Gobierno ha tenido una intención clara que se resume en la advertencia que, según corre por los mentideros de Madrid, un alto cargo le dirigió a un conocido periodista de la cadena al que urgió a abandonarla lo antes posible.
No es país para medios
La historia de los medios de comunicación en España no ha sido fácil, ni siquiera durante la democracia. Durante el gobierno de Felipe González ya se echó a Pedro J. Ramírez de la dirección de un periódico -Diario 16-; y se ejecutó el conocido Antenicidio que acabó con Antena 3 de Radio, en aquel momento la principal emisora española.
La cadena de la que era estrella Antonio Herrero vio cómo, tras una decisión tomada en un Consejo de Ministros, era vendida a su competidora la SER. El Tribunal Supremo declaró ilegal la compra y exigió que se volviese a la "pluralidad informativa previa a la concentración", una sentencia que los gobiernos de Aznar y Zapatero se negaron a cumplir.
Después, siendo presidente Zapatero pudimos asistir también a la expulsión de Federico Jiménez Losantos de la COPE, cuando la emisora episcopal era la segunda radio más escuchada de España. Una historia que el propio Jiménez Losantos detalló en su libro El Linchamiento.
Sin embargo, probablemente nunca se había dado un giro al panorama mediático tan rápido y tan contundente como el que, en silencio pero contundentemente, se está produciendo bajo el gobierno de Rajoy.