Si una persona alquila una vivienda a una mujer que acaba utilizando ese espacio para la venta de servicios sexuales, ¿se puede considerar que el propietario es un proxeneta por lucrarse con el dinero del alquiler? ¿Se puede demostrar que ha habido un pago a cambio de sexo? ¿OnlyFans está incluido dentro de lo que se considera prostitución? ¿Y un striptease?
Estas son solo algunas de las muchas dudas que suscita el nuevo proyecto de ley del PSOE que pretende "abolir" la prostitución por la vía del derecho penal. Para entender los cambios reales que va a introducir esta modificación y sus verdaderas consecuencias, Libertad Digital ha consultado a la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Navarra, Elena Íñigo, que ha destacado precisamente los "muchísimos problemas" que tiene la aplicación práctica de la propuesta socialista.
¿Qué dice el proyecto de ley del PSOE?
Hay tres reformas muy concretas que penan conductas que antes se entendían neutrales y que no sobrepasaban los límites penalmente relevantes:
- La tercería locativa: alquilar inmuebles con ánimo de lucro para el ejercicio de la prostitución, lo cual estará penado con prisión de uno a tres años.
- Cualquier persona que se beneficie económicamente de la prostitución: también se enfrentarían a penas de hasta tres años de prisión, haya coacción o no.
- Los clientes de las prostitutas: pagar por sexo implica penas de 12 a 24 meses.
Las conductas graves relacionadas con la trata, el abuso o comportamientos mafiosos, ya estaban reguladas en el Código Penal vigente, que contempla penas de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses para quien se lucre explotando la prostitución de otra persona.
El código también añade que "se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica, o que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas".
El PSOE en ese sentido elimina el concepto de explotación y convierte a todas las prostitutas en víctimas del proxenetismo tanto si están en una situación vulnerable como si ejercen de manera voluntaria. Aunque la reforma especifica que no se va a multar a las prostitutas, sí se pena todo lo que les rodea: clientes y locales.
La primera víctima: el consentimiento femenino
"Hay que abolir la prostitución porque es incompatible con los derechos humanos", ha afirmado la diputada socialista y portavoz de Igualdad, Laura Berja. Sin embargo "esto solo sucede cuando no hay consentimiento por parte de la mujer o ese consentimiento está viciado por un abuso, algo que ya estaba recogido en el Código Penal", puntualiza Íñigo.
En este sentido, explica, "ellos entienden que la prostitución es un fenómeno que denigra a la mujer por encima incluso de su propio consentimiento. Porque si yo quiero tener relaciones sexuales con alguien a cambio de dinero, ¿qué problema hay?"
De este modo, la primera consecuencia directa de la reforma implica "cargarse de un plumazo la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo, cosa que sorprende bastante viniendo de un partido que se considera progresista y que permite que aborten las menores de 16 años sin consentimiento paterno porque pueden decidir sobre sus cuerpos, pero no pueden decidir cobrar por el sexo. Es contradictorio y suena a moral victoriana".
"Lo que hay detrás es el intento de imponer una determinada moral social. Y no se puede utilizar el derecho penal para configurar morales sociales y para implantar medidas de carácter ideológico", denuncia Íñigo.
Además, la modificación se fundamenta en unos valores "muy preocupantes", porque da a entender que "las mujeres siempre están desvaloradas o disminuidas y por eso el Estado te dice lo que puedes hacer o no, porque las mujeres no saben. Lo que han hecho es dejar de creer en el consentimiento y la autonomía de las mujeres".
¿Se puede prohibir la prostitución?
El objetivo último de la ley es "abolir" la prostitución en cualquiera de sus formas, pero Elena Íñigo duda de que se pueda llevar a la práctica esta reforma tal y como está redactada: "Tendrá unos problemas aplicativos brutales porque el tipo penal está absolutamente mal construido desde el punto de vista de la técnica jurídica".
Por ejemplo, ¿se puede sancionar a la pareja de una prostituta que viva del sueldo de ella? Estrictamente sí, porque está obteniendo un lucro. ¿Se puede acusar de proxenetismo a un propietario que alquila a un piso a una prostituta? Sí, aunque habría que demostrar que el dueño tiene conocimiento de la actividad que se realiza en su inmueble, lo cual es muy complicado. "Incluso aunque la habitación se alquilara por horas, no se puede asumir que hubo un pago porque es una presunción en contra del reo", señala Íñigo.
Otro de los problemas que plantea esta ley es la penalización de una conducta en la que la mujer consiente, algo que según Íñigo podría tener problemas incluso constitucionales. Tampoco se especifica qué se entiende por prostitución, por lo que nadie sabe si la norma solo afecta a relaciones sexuales con penetración o también a masajes, striptease, OnlyFans…
Por ese motivo, "la aplicación práctica de esta reforma tiene muchísimos problemas porque el tipo penal es muy abierto y habrá que reducir las conductas por vía jurisprudencial dejando que los jueces dictaminen cada caso. Vamos a tener que estar corrigiendo todo el rato", lamenta Íñigo.