La presidenta del Parlamento catalán y de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, se aferra a la poltrona institucional y no piensa dimitir a pesar de lo que dice el reglamento de la propia cámara. Se considera víctima de una "persecución judicial" y acusa a quienes le piden que dimita para preservar la dignidad de la cámara autonómica de aprovechar un texto lleno de lagunas e imprecisiones, en alusión al reglamento del Parlament, y de hacerle el juego a la "represión". Un frase que era una mención implícita a ERC, algunos de cuyos dirigentes, como la indultada Carme Forcadell, o la portavoz del partido, Marta Vilalta, han "recomendado" a Borràs dimitir.
El reglamento es claro en su punto 25.4:
"En los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata. Si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, es necesario el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados".
Sin embargo, Borràs cree que su declaración de inocencia le exime del cumplimiento de las reglas y, por tanto, considera que no debe dimitir. Además, ha defendido su trabajo en la Institución de las Letras Catalanas (ILC), de la que dijo que bajo su mandato, entre 2013 y 2017 experimentó un relanzamiento y una puesta al día "digital". Pero no se refirió a los 18 contratos fraccionados por un importe de más de 300.000 euros que entregó a su amigo informático Isaías Herrero.
"No me pienso rendir"
Según Borràs, "este caso no habría llegado tan lejos judicialmente si no fuera por ser quien soy y por lo que represento". También ha vuelto a cargar contra ERC y la CUP, de quienes ha deslizado sin citarlos expresamente que "hay quien aprovecha la autoritaria actividad de la justicia española para intentar apartarme políticamente, pero no me pienso rendir".
También ha negado que hablar de persecución en su caso sea una excusa, a pesar de que se le imputan cuatro delitos de corrupción: prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental. Pero según ella, el caso es fruto de una "investigación prospectiva no por unos hechos sino contra una persona". "La dignidad del Parlament la deberíamos defender todos evitando la presunción de culpabilidad", ha insistido.
Otra cosa de la que no ha hablado es del requerimiento del Tribunal Constitucional a la Mesa del Parlamento para que no acepte el voto por delegación del fugado Lluís Puig, de JxCat. Se ha escudado en que no había acabado la reunión del órgano de dirección de la cámara. En el caso de la Mesa aceptara el voto en el pleno previsto para este miércoles, sus integrantes podrían ser acusados de desobediencia.
En los próximos días el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene previsto fijar la fecha para la celebración del juicio de Borràs, quien pretende afrontar la vista manteniendo el cargo de presidenta del parlamento regional. El punto del reglamento que determina la suspensión de derechos como parlamentarios de quienes vayan a ser juzgados por delitos relacionados con la corrupción fue introducido a propuesta de la CUP en 2017 con el beneplácito de Junts per Catalunya, la coalición que entonces formaban los posconvergentes y ERC, que pretendían dar un paso más en términos de moralidad política.