En plena polémica por el asalto al Tribunal Constitucional, tanto el Gobierno como el resto de la izquierda política y mediática se afanan en culpar al PP del bloqueo de la Justicia. Aprovechándose de la dificultad que entrañan los procesos de renovación de los principales órganos judiciales, unos y otros no dudan en esconder, sin embargo, que el principal responsable es Pedro Sánchez, un presidente que no ha dudado en retorcer las normas a su antojo para presionar al principal partido de la oposición sin importarle los daños colaterales que ha sufrido la ciudadanía, con miles de resoluciones judiciales completamente paralizadas.
Durante los cuatro años que lleva bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han sido muchos los vaivenes que han sufrido las negociaciones, pero lo que realmente las ha dinamitado ha sido la aprobación de dos leyes sacadas de la manga con el único objetivo de chantajear al PP y a los propios jueces. La primera, la Ley orgánica 4/2021 que impide a un CGPJ en funciones renovar los cargos necesarios para el normal funcionamiento de los tribunales. La segunda, una excepción a la misma, pensada exclusivamente para blindar el viraje del Tribunal Constitucional hacia una mayoría progresista que se amolde a las exigencias de los independentistas.
Primera rabieta, primera ley
Tras la renuncia del juez Manuel Marchena a presidir el CGPJ, a comienzos de 2021 el principio de acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista parecía estar más cerca que nunca. Sin embargo, en el último momento, las negociaciones se rompieron después de que el PSOE optase por proponer como vocales a dos jueces que sabía perfectamente que la oposición no aceptaría bajo ningún concepto. De un lado, José Ricardo de Prada, el azote del PP en la trama Gürtel y al que se le achacan algunas de las frases más duras de la sentencia, que acabó propiciando la moción de censura contra Mariano Rajoy. De otro, la que fuera diputada de Podemos Victoria Rosell.
El Gobierno optó entonces por iniciar su particular chantaje al principal partido de la oposición y, con el objetivo de añadir más presión al PP, aprobó una ley que impedía a un CGPJ en funciones realizar nombramientos. De esta forma, si no se avenía a desbloquear el órgano de Gobierno de los jueces, le culparía de provocar la parálisis de los tribunales.
Poco le importaron las consecuencias de las que advirtió el propio Gabinete Técnico del Tribunal Supremo: "Va a implicar que se dictarán aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año". El fin justificaba los medios.
Una excepción ad hoc
Sin embargo, el Gobierno no parecía contar con que el PP no sucumbiría a la presión de inmediato, y pronto se dio cuenta de que su propia ley acabaría bloqueando también la renovación de cargos del Tribunal Constitucional, una renovación absolutamente necesaria para consumar su viraje progresista y garantizar así las pretensiones independentistas de sus socios de ERC y Bildu.
Ante esta disyuntiva, el Gobierno sorprendía el pasado mes de junio con una nueva ley que venía a corregir la anterior con una excepción: el CGPJ en funciones seguiría sin poder hacer nombramientos, salvo los que más interesaban al Ejecutivo: los relativos al Tribunal Constitucional.
El máximo órgano de Gobierno de los jueces estalló de inmediato contra Sánchez. "Está realizando una utilización partidista de la Ley, a conveniencia, que es impropia del Estado de Derecho. Quieren colonizar las instituciones a cualquier precio", denunciaban en Libertad Digital fuentes del propio CGPJ.
¿Y ahora qué?
Tras retorcer las leyes a su antojo, Pedro Sánchez confía ahora en consumar su asalto al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el tercio de magistrados que deben renovarse en estos momentos es mixto: de los cuatro, dos corresponden al Gobierno y dos, al CGPJ. Y el principal obstáculo al que se enfrenta el Ejecutivo es que los cuatro se deben elegir a la vez.
Es decir, que si el Poder Judicial no acuerda los suyos, los del Gobierno tampoco podrían ser nombrados y, tal y como ya ha adelantado LD, hoy por hoy, al menos nueve vocales amagan con plantarse, con lo que la mayoría progresista con la que éste pretende amoldar el Constitucional a las exigencias de ERC y Bildu volvería a quedar en el aire.