La familia de José Antonio Primo de Rivera ha solicitado al abad del Valle de los Caídos y a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, exhumar del Valle de los Caídos los restos del que fuera líder de Falange. Pero, en contra del mensaje que está pretendiendo sembrar el Gobierno, la decisión de la familia ha contado con una dosis elevada de presión oficial. Y es que Pedro Sánchez pretendía enviar los restos de Primo de Rivera a un osario sin ningún tipo de edificación y compartido. El osario en cuestión, además, formaba parte de los espacios sin uso actual en la Basílica, algo que no garantizaba, ni siquiera, un estado admisible de conservación. Ante esa tesitura, la familia decidió, efectivamente, dar paso a su solicitud de exhumación.
La familia ha pedido la exhumación y el traslado de los restos porque el político asesinado durante la Guerra Civil pidió "ser enterrado conforme al rito de la religión Católica, Apostólica, Romana, que profesó, en tierra bendita y bajo el amparo de la Santa Cruz" y el Valle de los Caídos se convertirá en cementerio civil con la nueva Ley de Memoria Democrática, aprobada definitivamente en el Senado la semana pasada.
Así se ha explicado y así es. Pero hubo un paso intermedio donde el Gobierno jugó con elevadas dosis de presión. Porque hubo una opción alternativa: la de llevar los restos mortales de Primo de Rivera a un osario común, compartido y sin identificación alguna.
De hecho, el Gobierno tenía clara desde el primer momento su negativa a la colocación de, ni tan siquiera, una placa en el osario con el nombre de Primo de Rivera. El argumento de los equipos de Sánchez se basaba en que el tratamiento tenía que ser el mismo que se da a todos los difuntos del Valle de los Caídos y que el resto no contaban con esa placa. Según, la versión oficial, eso hubiese supuesto un acto de distinción.
Derecho a permanecer en cementerio católico
Para colmo, efectivamente, la familia de Primo de Rivera pidió garantías de que se salvaguardaría el derecho del fallecido a permanecer en un cementerio católico. Garantía que no sólo no llegó, sino que se confirmó en sentido contrario: el plan del Gobierno es, efectivamente, convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil, algo que, adicionalmente, puede violar los deseos y derechos de muchos otros fallecidos y familias que pueden verse coaccionados, por esa reconversión de cementerio católico en civil, a tener que mover los restos mortales para mantener el deseo de estar enterrados en un lugar sagrado.
Ante esa confirmación, la familia mostró su deseo de mantener conversaciones con el Arzobispado de Madrid para intentar salvaguardar el derecho a contar con un entierro católico. Es decir, para contar con la Iglesia en la defensa de los derechos de los católicos a permanecer en un lugar sagrado, lo que hubiese implicado la pelea del Arzobispado para mantener, al menos parcialmente y en un área, un espacio de cementerio religioso.
Este periódico no ha conseguido saber el resultado de esas conversaciones con la Iglesia, pero lo cierto es que la familia ha acabado teniendo que solicitar el traslado de los restos de Primo de Rivera.
Sin show propagandístico
El comunicado de la familia, remitido por el duque de Primo de Rivera, Fernando Primo de Rivera, representante de la familia, ha aclarado también que con esta petición, el proceso de exhumación "debe permanecer y permanecerá dentro de la estricta intimidad familiar, sin que pueda convertirse en una exhibición pública propensa a confrontaciones de ninguna clase entre españoles".
Dicho de otra forma: los Primo de Rivera le arrebatan al Gobierno su próximo show propagandístico de profanación de una tumba.