El prófugo Carles Puigdemont atraviesa un momento complicado dentro de una trayectoria ya de por sí convulsa. El quinto aniversario de la proclamación de independencia de Cataluña en el parlamento autonómico le sorprende con su partido, Junts per Catalunya (JxCat), en fase de descomposición, pero ese no es el principal de sus problemas. El Parlamento Europeo ha requerido a la Junta Electoral Central (JEC) que aclare si el expresidente de la Generalidad fue o no proclamado electo tras las elecciones europeas de 2019.
Puigdemont ha utilizado su escaño en la eurocámara a modo de parapeto para sortear la acción de la justicia española y presentarse en Europa como un supuesto exiliado víctima de la presunta represión del Estado español. También ha aprovechado la proyección política para tratar de influir en la política catalana, pero su papel ha perdido peso y su influencia es cada vez más irrelevante.
Ahora, con la petición de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a la JEC, su futuro como eurodiputado podría tener los días contados. Han pasado más de tres años de su elección, pero el Comité de Asuntos Jurídicos de la eurocámara aún no ha podido verificar las credenciales de Puigdemont, de otros dos fugados, Toni Comín y Clara Ponsatí, y del eurodiputado de ERC Jordi Solé.
Para ser considerados electos de pleno derecho, todos ellos deberían haberse presentado en el Congreso de los Diputados para jurar la Constitución. Puigdemont, Comín y Ponsatí estaban fugados. Se presentó Solé, pero se abstuvo de jurar o prometer la Constitución.
La JEC no envió la documentación relativa a estos cuatro políticos, de modo que el Parlamento Europeo se considera que al no cumplir con los requisitos de la legislación española, los citados cuatro no serían eurodiputados. El pasado mayo, el Comité de Asuntos Jurídicos pidió a Roberta Metsola que se dirigiera a la JEC española para solicitar la documentación sobre el estatus de Puigdemont y compañía y que en caso de que no existiera, "la explicación de su ausencia y las consecuencias que de ella se deriven". La Junta Electoral tiene previsto celebrar una reunión el próximo jueves para abordar la cuestión.
En caso de que no se diera por electo a Puigdemont, el Parlamento Europeo podría privarle de sus derechos y declarar vacante el escaño, que pasaría a ocupar el siguiente de la lista de JxCat. En idéntica situación quedarían los fugados Comín, Ponsatí y el republicano Solé.
Cinco años de república no aplicada
La gestión del Parlamento Europeo con la JEC coincide con el quinto aniversario de la proclamación en el Parlament de la república independiente de Cataluña, acto reivindicado por Puigdemont en un breve discurso a través de Twitter. Según el entonces presidente de la Generalidad, "la no aplicación inmediata de los efectos políticos de la declaración de independencia no anula su vigencia, sino que nos obliga a encontrar la manera de desplegarla, ya sea desde las instituciones autonómicas o de las republicanas", en alusión al fantasmal Consell de la República que él mismo preside.
La Declaració d’Independència de Catalunya, votada avui fa cinc anys al @parlamentcat, marcava l’inici d’un llarg i incert procés que només s’acabarà quan Catalunya sigui reconeguda com a Estat independent https://t.co/4uiq9ACtAT pic.twitter.com/bTCsXjdJ1J
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 27, 2022
Puigdemont ha censurado también la negociación de la Generalidad de ERC con el Gobierno porque a su juicio "no tiene ningún recorrido, ni siquiera para la mejora del autogobierno, y sólo genera frustración". También ha defendido la legalidad de aquella proclamación y ha calificado la aplicación del artículo 155 de la Constitución como "golpe de Estado" contra la autonomía de Cataluña. Según él, la declaración "marcaba el inicio de un largo e incierto proceso que sólo acabará cuando Cataluña sea reconocida como un Estado independiente".
La crisis de JxCat
Mientras tanto, la crisis en JxCat se agudiza. El sector de Laura Borràs, la presidenta del partido, está cada vez más aislado frente a quienes exigen que su mano derecha, el diputado Francesc de Dalmases, entregue el acta de diputado por la bronca a una periodista de TV3 porque no le gustó el tono de las preguntas en una entrevista a Borràs, procesada por delitos de corrupción y a la espera de juicio, en la televisión pública catalana. No se descarta una escisión del partido. Los "lauristas" u "octubristas" acusan a los "pragmáticos" (los consejeros y altos cargos cesados tras la votación de la militancia a favor de abandonar el gobierno de coalición con ERC) de instigar una caza de brujas que tiene como objetivo la cabeza de Borràs, no la de Dalmases.
Puigdemont trata de mantener una apariencia de neutralidad, toda vez que renunció a la presidencia del partido, que ocupó Borràs en el congreso celebrado el pasado verano tras pactar con el sector "pragmático", teóricamente encabezado por el indultado Jordi Turull, quien también trata de pasar desapercibido en la guerra entre las dos facciones del partido. Puigdemont abandonó la presidencia del partido porque aspiraba a un perfil más transversal e "institucional" como presidente del citado Consell de la República. En dicho consejo están todos los "lauristas" y destacados miembros de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) que abogan por presentar una lista "cívica" del separatismo en contra del autonomismo de JxCat y ERC.
En paralelo, la negociación sobre el delito de sedición impacta en el seno de los partidarios de Puigdemont. En caso de rebaja de las penas, el prófugo podría ver muy aligerada su perspectiva penal, en caso de regresar a España. Pero en su partido la tesis, tanto de un sector como del otro, es que el delito de sedición debe desaparecer.