La supresión del delito de sedición y la maniobra en curso para rebajar el cargo de malversación han generado un profundo malestar entre las asociaciones constitucionalistas de Cataluña, que han suscrito un duro manifiesto en contra de la reforma del Código Penal a la carta para los condenados por el golpe de Estado separatista y también para los fugados.
La bronca por las consecuencias de la denominada "ley del solo sí es sí" han contribuido a tapar la escandalosa reforma arbitrada por el Gobierno y la Generalidad de ERC, pero la oposición a la "desjudicialización" no ha parado de crecer desde el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del pacto con los separatistas para dejar en papel mojado la sentencia del Tribunal Supremo y acelerar el retorno a la política con cargos del presidente de ERC, Oriol Junqueras, y su secretaria general, Marta Rovira, fugada en Suiza.
También se aprovecha de la reforma del Código Penal el prófugo Carles Puigdemont, quien a pesar de sus críticas a ERC por el delito de "desórdenes públicos agravados" (que ha volcado contra el partido republicano al resto del separatismo) utiliza la operación de Sánchez para defender su causa en las instancias políticas y judiciales europeas.
Las entidades constitucionalistas, a diferencia de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, no preparan ninguna manifestación en contra de los beneficios a los autores del golpe de Estado, pero sí se han reunido para elaborar un manifiesto que coincide en sus líneas básicas con el emitido ayer por la Asociación de Fiscales (la mayoritaria) y que denuncia las mentiras del Gobierno sobre las penas de los delitos relacionados con los golpes de Estado en los principales países de Europa, el procedimiento "abreviado" para la reforma del Código Penal, sin los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado, o que la dicha reforma "responda a intereses o situaciones de personas concretas".
Medio centenar de asociaciones
Así, las casi cincuenta entidades firmantes de este comunicado censuran que "una reforma del Código Penal de esta importancia, que afecta a delitos clave para la protección de nuestro orden de convivencia, pueda responder a razones políticas coyunturales, legislando ad personam, en lo que se ha presentado como una suerte de amnistía a quienes lideraron la insurgencia en Cataluña en otoño de 2017 bajo el mantra de buscar una pretendida "desjudicialización" del conflicto político catalán. Lo cual resulta especialmente evidente si, finalmente, se reforma también el delito de malversación de fondos públicos".
Estas organizaciones rechazan "que esta reforma se haya planteado como una proposición de ley, eludiendo los informes pertinentes de los órganos consultivos; y que se tramite por vía de urgencia, reduciendo las posibilidades de debate, y sin un acuerdo transversal entre los principales partidos políticos".
La Constitución, desprotegida
Además, advierten que "las democracias del entorno europeo disponen de tipos penales que tutelan su orden constitucional y la integridad del propio Estado y, a este respecto, debemos señalar que la reforma que se pretende aprobar supondrá una desprotección de nuestra Constitución como marco democrático de convivencia". Para acabar, exigen al Gobierno que "de acometerse alguna reforma penal en España, esta contemple la inclusión de un delito que castigue las conductas más graves de deslealtad constitucional".
Entre los firmantes destacan la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ampas Paralelas, la Asociación de Profesores por el Bilingüismo (APB), la Asociación por la Tolerancia, el Centro Libre de Arte y Cultura (CLAC), España Juntos sumamos (EJS), el Foro de Profesores, Impulso Ciudadano, S´ha Acabat!, Sindicato AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari), así como Sociedad Civil Balear, Sociedad Civil Navarra y Sociedad Civil Valenciana.
SCC se borra de la lista
Por su parte, Sociedad Civil Catalana (SCC) se remite al comunicado que emitió el pasado día 12, tras el anuncio de Sánchez, y en el que afirmaban que "el Gobierno ha entregado una victoria rotunda a las autoridades nacionalistas negociando los derechos fundamentales de todos los catalanes". También criticaban al Ejecutivo porque "lejos de velar por los derechos y las libertades de los ciudadanos, como es su obligación, el Ejecutivo español deja desamparados a todos los catalanes y al resto de los españoles y legitima a un régimen excluyente y populista que ni respeta la ley ni se somete a las reglas del Estado de Derecho democrático, vulnerando los derechos y las libertades constitucionales de los catalanes que no comparten su ideología". Además, predecían un nuevo golpe separatista, pero con más facilidades.