La entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC) denuncia que la reforma del Código Penal es de una "gravedad histórica extraordinaria" porque "erosiona la capacidad del Estado para hacer frente a futuros intentos de subversión del orden constitucional por parte del nacionalismo". Y es que según la junta directiva de SCC, el independentismo lo volverá a hacer sin duda y "encontrará más débil al Estado ya que carecerá de algunas de las principales herramientas para defender su integridad".
Según un comunicado dado a conocer por esta entidad, "el Gobierno ha entregado una victoria rotunda a las autoridades nacionalistas negociando los derechos fundamentales de todos los catalanes". También recuerda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "no todo vale para mantenerse en el poder".
Para SCC, la manida "desjudicialización" abre un marco de impunidad "para que las autoridades catalanas puedan hacer y deshacer a conveniencia y al margen de la ley y de las sentencias judiciales". También entiende que la modificación "por la puerta de atrás y con los mínimos controles de una parte sustancial de nuestro ordenamiento jurídico facilita el regreso a la actividad pública de personas condenadas que rompieron la convivencia entre los ciudadanos y arrastraron a Cataluña a la decadencia económica y social".
Legitima a un régimen excluyente
"Lejos de velar por los derechos y las libertades de los ciudadanos, como es su obligación, el Ejecutivo español deja desamparados a todos los catalanes y al resto de los españoles y legitima a un régimen excluyente y populista que ni respeta la ley ni se somete a las reglas del Estado de Derecho democrático, vulnerando los derechos y las libertades constitucionales de los catalanes que no comparten su ideología", añade la nota constitucionalista.
SCC califica de "estéril" la supuesta "estrategia de apaciguamiento" que dice defender el Gobierno en Cataluña y asegura que "no sólo no cierra heridas ni permite avanzar hacia el entendimiento y la concordia entre todos los catalanes, sino que constituye una humillación y una burla para los catalanes constitucionalistas que durante años hemos luchado por una Cataluña con unos estándares de calidad democrática equiparables a los de cualquier democracia europea".
Reacción del separatismo "octubrista"
En el lado contrario, la organización separatista Asamblea Nacional Catalana (ANC), prepara una manifestación para el 6 de diciembre ("el día de su Constitución" según la convocatoria) porque según su lectura de la reforma del Código Penal a la carta de los separatistas, lo que perseguiría el Gobierno con la colaboración de ERC es "castigar la movilización independentista en las calles". "No podemos tolerar ningún pacto con España para que nos encarcele", se asegura en la nota de convocatoria.
La ANC considera que con la supresión de la sedición y la creación del delito de desórdenes públicos agravados se podrá "penalizar más cómodamente hechos como los del 1-O o la ocupación de edificios e instalaciones". También apunta que "si bien es cierto que esta reforma de la sedición puede rebajar las penas de prisión a unos pocos no lo es menos que también facilita y comporta la aplicación del Código Penal y penas de prisión a miles de activistas que ejerzan el derecho de manifestación". "Cambiar el beneficio de algunos hipotecando o dificultando el ejercicio del derecho a la manifestación y a la autodeterminación es algo que no puede apoyar ningún partido independentista", concluye la organización separatista.