Vox entiende que la actuación de Pedro Sánchez guarda muchas similitudes con la que protagonizó la Generalidad de Cataluña en octubre de 2017, con la gravedad añadida de que el golpe de Estado lo promueve esta vez el Gobierno central. El recurso del partido ante el Tribunal Supremo fue clave entonces para poder hacerle frente y es una baza a la que pretenden recurrir de nuevo ahora.
Santiago Abascal anunció el pasado jueves en el Congreso que el partido presentará "querellas ante el Tribunal Supremo", además de recurrir al Tribunal Constitucional, la moción de censura y las protestas en la calle para intentar frenar las aspiraciones del presidente del Gobierno. El líder de Vox le advierte de que el mero hecho de "conspirar contra la Constitución ya es un delito".
A todos los políticos hay que exigirles respeto al Estado de derecho, a la ley, a la Constitución y al fundamento de ella, la indisoluble unidad de la Nación.
Quien conspira contra la Constitución y su fundamento, ya está cometiendo un delito.
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) December 19, 2022
El líder de Vox reiteraba que llevarán a cabo esas actuaciones judiciales una vez ya conocida la decisión del Tribunal Constitucional de parar el asalto del Gobierno a la Justicia al suspender su tramitación legislativa en el Senado. "Seguiremos trabajando" prometía y anunciaba "más acciones judiciales".
La decisión del Tribunal Constitucional debería detener, de momento, el asalto de Sánchez.
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) December 19, 2022
Pero no hay nada ganado, porque sigue con su plan de perpetuarse. Es capaz de desoír al Tribunal.
Seguiremos trabajando para detenerlo de forma definitiva: moción y más acciones judiciales
Fuentes del partido confirman que están estudiando presentar querellas, aunque no avanzan más detalles: "La Sala Segunda del Supremo va a tener que trabajar mucho", resumen sin especificar todavía contra quién se dirigirán esas actuaciones, que podría acarrear consecuencias penales para los implicados.
La condena a la que fuera presidenta del Parlamento catalán en 2017, Carmen Forcadell, servía de claro precedente a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, y al del Senado, Ánder Gil, como recordó la líder de Cs, Inés Arrimadas, cuando el pasado jueves pidió suspender el Pleno que debatía eliminar la sedición, reducir la malversación y cambiar las mayorías del TC y el CGPJ, hasta conocer si el tribunal de garantías estimaba los recursos de PP y Vox contra la norma.
El TC ha paralizado finalmente la reforma en el Senado, lo que da mayor legitimidad a posibles actuaciones judiciales si el Gobierno tuviera la tentación de desobedecerle, aunque Batet, Gil, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, han prometido "acatar" la sentencia pero atacando duramente al TC por su decisión.
Un calco del 1-0
El Tribunal Constitucional ya suspendió de forma cautelar el Pleno convocado en Cataluña para aprobar las llamadas "leyes de desconexión" en 2017, a pesar de que el Gobierno habló ayer de "decisión insólita" para referirse al fallo sobre su asalto a la Justicia. El tribunal de garantías actuó hace cinco años en respuesta a un recurso presentado por el PSC. Los separatistas criticaron entonces que "un tribunal politizado y deslegitimado prohibiera preventivamente que un Parlamento se reúna", en similares términos a los utilizados ayer por el Gobierno de Sánchez.
El proceso es tan parecido que, al igual que los separatistas en 2017, PSOE y Unidas Podemos han intentado deslegitimar la actuación del Tribunal Constitucional poniendo en duda su mayoría conservadora cuando llegaron a advertirle con "consecuencias impredecibles" si suspendía el Pleno.
De hecho, Podemos incluso instó al presidente del Senado a "desobedecer" al TC, antes de que se conociera el fallo, pidiéndole que convocara el Pleno del próximo jueves para aprobar definitivamente el asalto a la Justicia, lo que nos sitúa de nuevo ante el espejo de lo ocurrido en Cataluña en el año 2017.
Amenazas al TC
El vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé, habló de "acoso, persecución, coacción, chantaje y amenazas" por parte del Gobierno contra el TC para lograr una sentencia favorable a sus intereses y anunció un recurso de inconstitucionalidad con la norma si el Gobierno sigue adelante con sus pretensiones.
Buxadé enumeró también los hechos que derivaron en el golpe de Estado de 2017 para concluir que vivimos algo similar ahora. "Hay una estrategia concertada de PSOE y Podemos con los separatistas para conseguir todo aquello que impidió la efectiva ejecución del golpe de Estado de 2017", aseguró, recordando que han acabado con la sedición, reducido la malversación y asaltado el TC y el CGPJ por considerarlos impedimentos para sus aspiraciones.
"Hay un principio de lealtad institucional que PSOE y Podemos no respetan", criticó, afeando sus "ataques a la legitimidad del TC" con "recusaciones infundadas". "Es de coña que estemos discutiendo si, a través de enmiendas en proposiciones de ley, cambiamos la Constitución", sentenció horas antes de que se conociera el fallo del Constitucional.