La gestión de la portavoz de Vox en el parlamento madrileño durante el trámite de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023 no ha podido ser más desastrosa. Su decisión de tumbar las cuentas públicas elaboradas por el Gobierno de Díaz Ayuso, antes incluso de su debate en el pleno de la Asamblea de Madrid, ha provocado la natural estupefacción en sus votantes, que han visto cómo los diputados de Vox hacían piña con la izquierda madrileña votando en contra de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año próximo.
El debate del proyecto de ley de Presupuestos Generales es uno de los más importantes de la legislatura, puesto que de su resultado depende en gran medida la orientación de las políticas que se llevarán a cabo al año siguiente y, sobre todo, el régimen fiscal que se va a aplicar a ciudadanos y empresas a lo largo de todo el ejercicio. La decisión de devolver los presupuestos al Gobierno regional sin tiempo material para tramitarlos de nuevo a escasos meses de finalizar la legislatura, como ha ordenado Monasterio, solo ha servido para exhibir un cierto distanciamiento del PP que, como es evidente, ningún votante de Vox le ha reclamado. En cambio, el rechazo de las cuentas públicas de 2023 tendrá consecuencias negativas para las familias madrileñas, privadas de las mejoras fiscales previstas en los presupuestos del año próximo que los celos políticos de la portavoz del partido de Abascal han dejado en la cuneta.
Los argumentos de Monasterio para justificar el voto de su grupo junto a los partidos de izquierda y contra Díaz Ayuso suenan más a pretexto improvisado que a un razonamiento de fondo convincente. Porque las críticas de Vox a los presupuestos presentados por el Gobierno de Madrid brillan por su ausencia, más allá de ciertas cuestiones anecdóticas que podrían haber negociado con el PP durante la tramitación del proyecto de ley. En cambio, Monasterio ha lanzado un órdago exigiendo la derogación de una ley madrileña que, aunque su sesgo ideológico izquierdista la convierta en objetivo legítimo de sus críticas, no puede utilizarse como un chantaje para aprobar las cuentas públicas anuales de la comunidad.
La maniobra ha sido tan burda que hasta su ejecución ha desembocado en un espectáculo especialmente chusco, como ha ocurrido con la presentación fallida de las enmiendas presupuestarias de Vox según establece el reglamento de la cámara. El equipo de Monasterio alude a un error informático que le habría impedido tramitar sus enmiendas, un problema técnico que ningún otro grupo padeció y del que los técnicos de la Asamblea de Madrid tampoco tienen constancia.
En Vox saben que esa metedura de pata es responsabilidad exclusivamente suya, por eso se han descolgado con una petición extemporánea para habilitar el mes de enero a efectos parlamentarios y así poder recuperar la tramitación de los Presupuestos Generales de 2023. Pero si el motivo de su rechazo es la ley trans ¿para qué quiere Rocío Monasterio repetir el paripé? ¿Para votar de nuevo en contra junto a la izquierda madrileña, la más sectaria y cerril de toda España, como acreditan sus portavoces semana tras semana?
Vox es un partido necesario para el centro-derecha español, pero si quiere desempeñar un papel importante tiene que dejar a un lado los personalismos y trabajar por los intereses generales de los madrileños. Incluso si eso le hace coincidir alguna vez con el PP.