En la Guardia Civil estaban convencidos de que tendría que ocurrir una desgracia en la lucha contra el narcotráfico para que el Gobierno reaccionara. Sin embargo ya son cuatro los guardias civiles que se han dejado la vida en un desigual combate contra los delincuentes y el Gobierno sigue sin hacer nada. Es imposible caer más bajo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez y de ministros como el titular de Interior Fernando Grande-Marlaska es un enemigo declarado del Instituto Armado, de los hombres y mujeres que componen uno de los mejores cuerpos de seguridad del mundo.
No pueden disimularlo. En primer lugar porque son capaces de calificar como accidente laboral dos heroicas muertes en acto de servicio. Así lo dijo la penosa María Jesús Montero. Después porque fueron incapaces de asistir al final del capitán Jerónimo Jiménez Molero y del agente Germán Pérez González y luego porque cuando rectifican de cara a la galería es aún peor. Nos referimos a esa intervención de Grande Marlaska en una jura de bandera de nuevos componentes de la Guardia Civil en la que dijo sentirse "rabioso" por las últimas dos muertes. Fue abucheado. Nadie le cree. Es una marioneta de Pedro Sánchez, un despojo político que deambula sin norte y con la dignidad totalmente extraviada.
Es conocida la abrumadora falta de medios técnicos y de personal con la que la Guardia Civil y la Policía Nacional deben hacer frente al narcotráfico. Las mafias del hachís y la cocaína son cada vez más poderosas y disponen de más medios mientras que los agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera disponen de embarcaciones obsoletas, material desfasado, chalecos antibala indignos de tal nombre y un armamento ridículo en comparación con las potentes lanchas y el armamento de guerra que manejan los delincuentes. La costa andaluza es el teatro de operaciones de una guerra totalmente desequilibrada y si el narcotráfico no se ha apoderado todavía por completo de la zona es por el sacrificio y la abnegación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Si fuera por el Gobierno, la situación ya no tendría remedio.
Es evidente que entre las prioridades del Gobierno no consta la de reforzar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y que pretende seguir enviando a los agentes hacia la muerte sin medios ni reconocimiento alguno. Al parecer, luchar contra el tráfico de drogas no da los suficientes votos como para que al Gobierno le salga rentable en términos de ocupación del poder. Pero es que en el colmo de la vileza, PSOE y Sumar han retrasado por acuerdo de la Mesa del Congreso la tramitación de la ley para que se reconozca a los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía y la Guardia Civil el ejercicio de una profesión de riesgo. Las policías regionales, las locales y los bomberos tienen reconocida esa categoría que el Ejecutivo de Sánchez y Grande Marlaska niega contra toda lógica a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Hasta en 71 ocasiones estos grupos que forman el Gobierno han ampliado los plazos de enmienda, una maniobra dilatoria que es un insulto contra los familiares de los agentes que han sacrificado su vida por la seguridad de todos, una afrenta y una actitud que retrata a los miembros del PSOE y de Sumar.
Es obvio que la profesionalidad y el rigor de los mandos de la Guardia Civil, la eficacia de la Unidad Central Operativa en la lucha contra la corrupción política y la entereza de mandos del cuerpo como el purgado Diego Pérez de los Cobos han convertido al cuerpo en un elemento muy impopular en un Gobierno y un partido cercados por investigaciones que en muchas ocasiones llevan la firma a pie de páginas de agentes del Instituto Armado.