El incidente se produjo el 29 de noviembre el Congreso de los Diputados, la diputada de Vox Patricia Rueda llamaba a los miembros de Bildu "filoetarras", momento en el que el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis –que ocupaba la presidencia de la cámara por la ausencia de Batet– la reprendió, la llamó al orden y acabó quitándole el uso de la palabra. El incidente provocó que todo el grupo de Vox se levantase y abandonase el hemiciclo en señal de protesta.
Ahora Vox ha presentado una querella en el Tribunal Supremo por prevaricación contra Gómez de Celis, en un escrito en el que denuncia la "absoluta falta de justificación de la decisión en términos de la obligatoria neutralidad, de respeto a los principios constitucionales y a la libertad de expresión parlamentaria"
Además, reivindica la obligación de la Mesa del Congreso de representar a todos los ciudadanos por igual, ya que es un órgano colegiado del que forman parte todos los grupos políticos, por lo que "cualquier decisión que se adopte debe carecer de arbitrariedad, sesgo ideológico o intereses particulares, pues debe tratar a todos los representantes de los ciudadanos por igual y aplicar el acervo y los principios constitucionales en toda su actuación".
El texto señala que mientras a la diputada de Vox le fue arrebatada la "libertad de expresión política" otros parlamentarios "como el querellado" se acogen a ella "impunemente" para lanzar "insultos" y "ofensas" a la formación.
Una actuación "abusiva" e "injustificada"
Según los letrados de Vox la actuación de Gómez de Celis fue "abusiva", ya que limitaba "de manera indebida" las funciones que Patricia Rueda debe cumplir como diputada, y además fue "injustificada" ya que no se daban las condiciones para aplicar el artículo 103 del Reglamento.
Finalmente, el escrito presentado por Vox solicita al Supremo que interrogue a Gómez de Celis, que unan las actuaciones a los documentos que aporta y que se libre oficio para determinar la veracidad de los enlaces que aporta la Vicesecretaría Nacional Jurídica. Del mismo modo también pide que "se acuerde cuantas decisiones sean necesarias para asegurar que las actuaciones de tal Presidencia, son adoptadas de forma no arbitraria, equitativa y respetando el núcleo de la función representativa de los diputados, garantizándoles el libre y pleno ejercicio de los derechos fundamentales que constitucionalmente les corresponde".