Desde que el pasado martes Libertad Digital sacara a la luz la querella criminal interpuesta por más de 3.000 agricultores de Castilla-La Mancha por presunto fraude y malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y estatales, la principal obsesión del Gobierno presidido por Emiliano García-Page ha sido tratar de desacreditar la denuncia para minimizar el escándalo. En ese afán comenzó vendiendo que la querella había sido inadmitida, ocultando que fueron las fiscales puestas a dedo por Pedro Sánchez las que maniobraron para dar carpetazo al asunto por la vía penal y que, en todo caso, todavía hay un recurso de reforma pendiente de respuesta.
"Page nos ha dado la extremaunción para no dar explicaciones", denuncia Ruperto Mesas, el presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de Rus-Valdelobos que firma esta macroquerella contra el expresidente José María Barreda, muchos de sus consejeros —entre ellos, el hoy vicepresidente de García-Page— y numerosos cargos públicos nombrados por el PSOE. "Lo preocupante es que algunos de ellos tienen hoy más poder que nunca en Castilla-La Mancha", advierte el agricultor que lidera esta revuelta.
Su lucha es la de 3.000 agricultores que llevan años investigando esta trama que les ha provocado graves perjuicios económicos; ciudadanos anónimos de hasta 29 municipios diferentes, entre los que, aunque solo sea por una mera cuestión estadística, habrá votantes de todos los partidos. Precisamente por eso, lamenta que su presidente, el presidente de todos los castellanomanchegos, pretenda zanjar un escándalo de tales dimensiones, tratando de vender que esto no es más que un ataque orquestado por el PP con el fin de aguarles las elecciones del próximo 28 de mayo.
Pregunta: ¿Son ustedes una marioneta del PP?
Respuesta: Para nada. Nosotros somos una entidad de derecho público constituida por imperativo legal a través de la propia legislación de Aguas y aquí no hay ninguna maniobra ni obediencia política en ningún sentido. Somos más de 3.000 usuarios y yo no conozco el sentir político de cada uno de ellos. Aquí lo que se defiende es el interés general del uso del agua. Esto no es una cuestión política, es una cuestión de Justicia. Y si lo hubiera hecho otro partido político, ya fuera el PP, Vox o quien fuera, que no le quepa la duda a nadie que hubiéramos emprendido las mismas acciones y con la misma contundencia con la que lo estamos haciendo ahora mismo.
P: ¿Y por qué lo denuncian ahora?
R: Se ha especulado mucho con la coincidencia de la querella con el periodo electoral, pero esto realmente se hace porque hay un periodo de participación pública en la revisión del Plan Hidrológico 2022-2027 en el que no se ha tenido en cuenta nada de lo que venimos aportando en los últimos tres años. Incluso se nos ha tratado con cierto desprecio, por lo que, a principios del año pasado, decidimos que recurriríamos a la vía penal. A partir de ahí, empezamos contactar con distintos bufetes de abogados, hasta que dimos con De Jurist, que es quien nos está llevando la querella. En verano, la Asamblea aprobó el presupuesto y, luego, imagínese lo que es preparar una macroquerella de este tipo, que finalmente culminó en diciembre también para evitar que muchos delitos pudieran prescribir por habernos metido en 2023.
P: Aunque se le ve muy nervioso para no haber "nada que rascar", según dijo el otro día, García Page está tratando de restar importancia al asunto aferrándose a que hay un auto de inadmisión…
R: Lo hay, pero está recurrido, y es importante atender al orden de los acontecimientos. El día 17 de enero, la magistrada que recibe el caso dicta un auto de apertura de diligencias previas diciendo que, una vez examinado el contenido de la querella, ve posibles responsabilidades penales y dando traslado al Ministerio Fiscal. El 6 de febrero, el fiscal jefe Anticorrupción dicta un auto demoledor en el que enumera desde posibles delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Hacienda Pública europea, a la española, desobediencia a sentencias judiciales, etcétera. ¿Qué pasa entonces? Que, curiosamente, se designa el caso a una de las fiscales que, según la prensa, había sido premiada por Pedro Sánchez por haber atizado al PP en otras causas de corrupción y, a partir de ahí, la cosa cambia. Para empezar, nosotros, el 14 de diciembre habíamos enviado una denuncia directamente a la delegación de la Fiscalía Europea en España. Hasta entonces no había dicho nada, pero, de repente, nos responde diciendo que los hechos se habrían producido antes de la constitución de dicho órgano y que, por tanto, no puede asumir las competencias, pero eso sí, entra a hacer juicios de valor, diciendo que es un tema administrativo. Inmediatamente después, la fiscal a la que se había adjudicado la querella se aferra a ese mismo argumento para pedir su inadmisión. Es decir, que yo intuyo que, ante el demoledor escrito de Anticorrupción, su compañera quiso marcarle el camino. En cualquier caso, a pesar de querer quitarse de encima la investigación, ni una ni otra han dicho nunca que los hechos denunciados fuesen mentira, como ha dicho el Gobierno de Page.
P: Desde el PSOE, y también desde la Fiscalía, se hace mucho hincapié en que estamos hablando de hechos pasados, pero… ¿podría seguir produciéndose esa presunta malversación hoy en día?
R: Pues lo que está claro es que los mismos actores, o parte de los mismos actores, que gestionaron los fondos cuestionados, han vuelto a sus cargos: unos tras la llegada de Sánchez a la Moncloa, como el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y otros con la llegada de Page a Castilla-La Mancha, como su actual vicepresidente José Luis Martínez Guijarro. Es decir, que lo preocupante es que algunos tienen hoy más poder que nunca en Castilla-La Mancha. Y nosotros lo que denunciamos es que, si se ha podido hacer una vez, se puede volver a hacer otra, evidentemente, porque no hay que olvidar que ahora mismo se están activando los mismos mecanismos en los que se produjeron algunos de los hechos denunciados, como las compras de derechos de agua y el Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana.
P: Hay muchos capítulos bajo sospecha, pero entre ellos se encuentra la Tubería Manchega que se acaba de poner en marcha…
R: La Tubería nace de un proyecto para traer agua a las Tablas de Daimiel y, además, abastecer a los grandes municipios del acuífero 23. Y, curiosamente, se cambia la estructura de tal forma que no se puede llevar agua a las Tablas de Daimiel y se sobredimensiona el proyecto exclusivamente para el abastecimiento. ¿El resultado? Pues que los 127 millones de euros iniciales ya van por más de 400 millones, según las últimas declaraciones del señor Page y su Ejecutivo y, sin embargo, a día de hoy, ninguno de los grandes municipios del acuífero 23 para los que estaba proyectado se conecta a dicha Tubería, a excepción de Socuéllamos y Villarobledo. Y todo esto con el agravante de que, para justificar ese sobredimensionamiento, se suman territorios ajenos al proyecto inicial en los que se adulteran los informes para declarar tanto el mal estado de sus aguas en calidad y cantidad como su población. Y el ejemplo más alarmante es el de los municipios inmediatos al Trasvase Tajo-Segura, que preveían una población de 14.000 habitantes en 2006, 28.800 para 2020 y la realidad, según el último Plan Hidrológico, es que apenas tienen 7.300 habitantes. Ahí queda patente la adulteración de los datos. Y lo mismo sucede con el ramal nororiental, que se hablaba de 100.000 habitantes y resulta que no llegan ni a 75.000.
P: Se ha centrado la atención en la malversación, pero también hay un grave perjuicio para toda la zona de Rus-Valdelobos…
R: Es un perjuicio que valoramos en 320 millones de euros en los últimos 10 años, pero que sería superior, porque desde el momento en el que se hace esa falsa declaración de sobreexplotación se nos imponen una serie de restricciones que llevamos sufriendo desde principios de los años 90, reduciéndonos más del 60% nuestras dotaciones de agua autorizadas. Y a eso hay que sumar la pérdida de desarrollo, porque, al declarar esa sobreexplotación, se erradica la posibilidad de hacer nuevos pozos, ni siquiera para pequeñas dotaciones, ni para industria, ni para ganadería, ni siquiera para abastecimiento de una casa de campo, y menos para regadío.
P: ¿Y en qué cree que va a quedar todo este asunto? Porque parece que García-Page ya lo da por enterrado…
R: Nos ha dado la extremaunción a nivel mediático para no tener que dar ningún tipo de explicación, pero la cuestión yo creo que está más viva que nunca. Estamos a la espera de esa resolución del recurso, que incluso está tardando más en resolverse de lo que tardaron las propias fiscales en quitárselo de en medio, y los hechos también se han trasladado a la Fiscal Central Europea en Luxemburgo, poniéndole en preaviso de las posibles conductas llevadas a cabo por sus fiscales delegadas aquí en España. Además, hay más comunidades de usuarios que están valorando sumarse a todas las acciones legales emprendidas y, aparte, el tema ya está en la opinión pública, así que, insisto, para nosotros el caso está más vivo que nunca.