Hace poco más de un mes se conocían los datos del tráfico de móviles en las prisiones bajo mando del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El socialista se despide de esta legislatura con las prisiones convertidas en un auténtico locutorio: ha aumentado un 21% la incautación de teléfonos móviles en las cárceles españolas. Ahora, el sindicato CSIF divulga otro dato tremendamente preocupante. Y es la escalada en las incautaciones de droga, las últimas, en el Departamento de Comunicaciones de Madrid III Valdemoro.
Sergio Delgado, del sindicato CSIF, detalla el último episodio. Cuando, "coincidiendo con la comunicación vis a vis íntima, una pareja de uno de los presos del M-8 es pillada intentando introducir 5 móviles pequeños y 7 paquetes con sustancias prohibidas siendo presumiblemente droga".
Pero no es ningún hecho aislado. El mismo día 3 de junio, "a las 13:00 horas, una madre de uno de los internos del Módulo 7 en otro vis a vis familiar es pillada intentando introducir dos bellotas de hachís y paquetes con sustancias prohibidas aparentemente droga".
Pero tampoco se trata de un segundo hecho aislado. Hace menos de una semana, funcionarios de la cárcel Sevilla II, ubicada en Morón de la Frontera (Sevilla), intervenían 80 gramos de cocaína a tres presos que acaban de llegar procedentes de otras prisiones.
Hace meses funcionarios de la cárcel de Sevilla-I hacían lo propio con otros 30 gramos de cocaína y heroína que un interno llevaba oculto en su cuerpo al regresar de un permiso de salida.
E, incluso, según los datos recopilados de forma oficial, más de 49 kilos de hachís y casi 40.000 pastillas de psicofármacos han sido incautados sólo en la cárcel de Melilla entre 2019 y 2021. Todo ello en un escenario temporal en el que en todo España se han incautado 170 kilos de cannabis y 178.000 psicofármacos. Porque, entre 2019 y 2021, se han tenido que requisar más de 60 kilos de cannabis al año, de media.
Las prisiones acaban como locutorios
Todo ello, por la parte que afecta a la droga. Porque el descontrol en materia de introducción de móviles en las cárceles se ha convertido en la tónica. "En el año 2022 la incautación de teléfonos móviles en las prisiones españolas se ha incrementado en un 21% con un total de 2.733 terminales intervenidos", señalan los sindicatos de funcionarios de prisiones. "Esta cifra es la más alta registrada desde que aparecieron estos teléfonos, lo que supone un riesgo para la seguridad de los centros penitenciarios. Málaga, Madrid III (Valdemoro) y Albolote (Granada), son los centros penitenciarios con mayor número de confiscaciones", destaca ACAIP-UGT.
Los teléfonos móviles son un objeto prohibido dentro de las prisiones para evitar la continuación del delito, entre otros, de bandas organizadas o de violencia de género, como subrayan los funcionarios. "Esto los convierte en elementos muy cotizados entre los presos, generando un mercado negro con los problemas regimentales que esto genera", añaden.